Normas urbanísticas en tiempos de crisis

20.04.2008 | 00:00

EDITORIAL

El enfrentamiento entre el BNG, titular de la Consellería de Vivenda de la Xunta, y la Federación de Municipios y Provincias de Galicia (Fegamp) y el sector inmobiliario, por la aplicación de las normas urbanísticas del hábitat gallego tiene trasfondo político, pero podría repercutir en la economía. Es evidente que los nacionalistas no están menos preocupados que el resto de la sociedad gallega por la situación económica, pero implantar ahora normas urbanísticas que rechazan los ayuntamientos y el sector de la construcción es polémico. Lo que defiende el BNG frente a sus socios de gobierno, los concellos, el PP, los promotores y colectivos de arquitectos -el Colegio de Galicia apoya a la conselleira- es el ejercicio de sus competencias en la Xunta. Pero la aplicación de la flamante legislación que determina cómo han de ser las nuevas viviendas gallegas coincide con una crisis, que requiere respuestas ágiles y efectivas que palien la inactividad y el desempleo que puede generarse en un sector que hasta ahora ha sido el motor económico.
Los primeros afectados son los ayuntamientos, cuyos recursos dependen en gran medida de la promoción inmobiliaria. El organismo que los representa, la Fegamp, ha visto en el decreto del hábitat una amenaza a sus competencias y ha respondido con la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el TSXG, por considerar que colisiona con la legislación vigente y que atenta contra la autonomía municipal. Rebajar sus atribuciones en materia de vivienda es maniatar a los ayuntamientos, que ya padecen otras amenazas sobre el urbanismo, causadas por disposiciones de la Xunta de Galicia.
Los empresarios consideran que la entrada en vigor de normas como la ley de medidas de protección del litoral, que limita la construcción a 500 metros de la costa, la futura ley de vivienda, que se tramita en el Parlamento gallego, y sobre todo el decreto del hábitat, provocan inseguridad jurídica "incluso en los casos de suelo urbano consolidado". Un estudio encargado por los promotores lucenses refleja que el suelo urbano consolidado, en más del 70% no cumple con la normativa del habitat, por lo que los constructores tendrán que ir a la excepcionalidad de la ley, lo que equivale a que sea Vivenda la que tramite los proyectos.
Las medidas restrictivas de la Xunta no son caprichosas. Responden a los casos de especulación, a irregularidades, excesos y hasta desmanes en la construcción, muy patentes en algunos municipios costeros, que ha impulsado al gobierno gallego a actuar para que el urbanismo sea respetuoso con el paisaje, el medio ambiente, la estética y la calidad de vida. Pero esta acción normativa de la Xunta llega en un momento delicado, cuando la crisis acecha a la promoción inmobiliaria.
Los lectores conocen a diario noticias de gallegos que retornan a casa por falta de trabajo en la construcción o de constructoras, como Marbar, que cierran o afrontan graves problemas de liquidez.
En tiempos de desaceleración, optar por la flexibilidad, la "modulación" y el diálogo, como propone el presidente de la Xunta, parece razonable, por lo que si Vivenda atiende las llamadas a la negociación con los colectivos discrepantes no pierde una batalla política sino que es receptiva ante un problema. No se trata de enterrar unas normas que necesita el urbanismo gallego para mejorar la calidad de las viviendas, y que han sido inspiradas por destacados profesionales, sino de aplicarlas de la manera más conveniente para los intereses de los ciudadanos.

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