El Gobierno de Turquía decretó ayer el estado de emergencia durante tres meses para hacer frente a las corrientes golpistas en el país y combatir "la amenaza a la democracia".
La decisión fue anunciada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó que esta medida busca proteger los valores democráticos.
"Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el estado de derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores", dijo el jefe del Estado después de reunirse con el Consejo Nacional de Seguridad y, horas después, con el gabinete de ministros.
Erdogan afirmó que la medida, recomendada al Gobierno por el Consejo de Seguridad que él preside, busca "acelerar encargarse de todos los elementos de la organización terrorista", en referencia al grupo que encabeza el clérigo islamista Fetullah Gülen, al que el Ejecutivo acusa del fallido golpe de Estado del pasado fin de semana.
El estado de emergencia permitirá dar "de forma más eficiente los pasos para eliminar lo antes posible la amenaza a la democracia, el estado de derecho y los derechos de nuestros ciudadanos", dijo Erdogan.
El presidente invocó el artículo 120 de la Constitución turca que permite establecer el estado de emergencia en el caso de actos de violencia que amenacen la democracia.
Asimismo, Erdogan confirmó en una entrevista con la televisión árabe Al Yazira que un total de 10.937 personas fueron arrestadas en relación con el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el pasado viernes, tras el cual han sido apresados más de 6.000 militares y un centenar de policías, además de numerosos jueces y fiscales.
El mandatario aseguró también que los dos pilotos que derribaron un cazabombardero ruso en la frontera turco-siria hace siete meses están detenidos y la justicia les está investigando por su supuesta pertenencia a la "organización terrorista" del clérigo turco Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.
Preguntado por la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en Turquía, abolida desde 2004, Erdogan aseguró que si el Parlamento turco respalda esa decisión, no dudará en firmar esa norma "de forma inmediata".
"Esta decisión no está en mi mano, sino que tiene que tomarla el Parlamento, después del llamamiento del pueblo, que desea que haya pena de muerte", para los golpistas, remachó.
Las medidas adoptadas por Erdogan y la posibilidad de restaurar la pena de muerte han alarmado a la comunidad internacional y varios gobiernos e instituciones han urgido a Turquía a mantener el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos humanos.
"Todas las medidas que estamos tomando son legales y no vamos a violar nunca el estado de derecho, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de cumplir con el deber que tenemos de cara al país", declaró Erdogan en la cadena de televisión catarí.
Asimismo, aseguró que la propia OTAN le ha expresado su apoyo en estos días y ha confirmado que Turquía ha pedido la extradición de Gülen a Estados Unidos.
Hasta el momento, Ankara ha suspendido de empleo a unas 55.000 personas, desde maestros y arquitectos a jueces, policías y funcionarios de distintos departamentos, acusados de ser seguidores de Gülen, el cual ha negado cualquier implicación en la asonada.
