El también presidente de la Fábrica Nacional de Cemento declaró a la agencia estatal de noticias ABN que el proceso avanza "de manera efectiva y sin trastornos en los casos de la francesa Lafarge y la suiza Holcim, no así con la mexicana Cemex".
El viceministro agregó que Caracas ya tiene "control completo" de la gestión de las plantas y lo que queda "es concretar, en un máximo de cuatro meses, la firma del instrumento de transferencia al Estado de las acciones".
Las nacionalizaciones "revertirán por completo el concepto comercial de gestión cementera que la empresa privada venía ejecutando", ante lo cual "el crecimiento sostenido del sector está garantizado", subrayó.
La francesa Lafarge y la suiza Holcim, que presentó una demanda judicial, negocian con el Gobierno venezolano para seguir en el país con una participación minoritaria en sus filiales.
En el caso de la mexicana, el Gobierno decidió su expropiación total previo pago de sus activos, que valora en 400 millones de dólares, pero afirma que Cemex pide 1.300 millones.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha declarado que antes del 26 de septiembre se fijará sobre la mexicana "un precio justo, en función de los informes de varias auditorías".
La compañía suiza presentó una denuncia contra Venezuela ante el tribunal arbitral internacional del Banco Mundial por no haber recibido la indemnización correspondiente.
Venezuela, según la empresa, no ha respetado el contenido de ese acuerdo, por lo que reclama una indemnización equivalente al valor de mercado de su filial en el momento de su nacionalización.
El Gobierno nacionalizó en 2008 toda la industria del cemento, tras lo cual Holcim y la estatal Petróleos de Venezuela SA, también dirigida por el ministro Ramírez, suscribieron un memorando general que establecía que la primera cedería el 85 por ciento de su filial con una indemnización a negociar.
Sin embargo, el grupo helvético afirmó que el Gobierno de Caracas interrumpió en octubre todas las comunicaciones, de modo que "ningún acuerdo fue firmado y Holcim no ha recibido" la compensación de alrededor de unos 550 millones de dólares.
Ramírez declaró que la demanda de Holcim fue posible porque "en los años 90, sobre todo, los contratos que aquí se hacían (en nombre del Estado venezolano) daban esa potestad a las empresas privadas", lo que ahora no es posible una vez que se ha regulado y cualquier relación de ese tipo contempla a la justicia venezolana como única instancia para resolver disputas.
