La política del hormigón cambia en Ourense. No es que el gobierno municipal haya decidido poner punto y final a los abusos de este material de construcción, tan denostado últimamente por los que se proclaman defensores de la estética y de la ética urbanística, sino que el suministro del mismo se sacará a concurso público. Cumple así la concejalía de Infraestructuras la sugerencia/advertencia/mandato del interventor municipal, que hizo constar en el informe que remitió al Consello de Contas que el Concello de Ourense adjudicaba directamente el suministro, algo que consideraba irregular.

Tardó tiempo el gobierno del PP en enterarse, pero cuando estuvo advertido cambió de sistema. El concejal de Infraestructuras, José Luis Rodríguez Cid, ya dijo en su momento que no tenía inconveniente ninguno en convocar un concurso, que si no lo hacía era porque el otro sistema, el de escuchar ofertas, era más rápido, además a principios de año no se sabía la cantidad de hormigón que se iba a necesitar a lo largo de un año.

La aprobación del pliego de condiciones estuvo lugar en la junta de gobierno de la semana pasada, como quien no quiere la cosa. Pero lo cierto es que esta decisión cambia la manera de gestionar del Concello de Ourense, que ya con gobiernos socialistas aplicaba también el sistema que ahora abandona el PP. La intervención del interventor y la del Consello de Contas, por lo que se puede comprobar, obra milagros en los gobiernos, municipales, claro, porque en la Diputación Provincial de Ourense es diferente. De poco valió que el Consello de Contas advirtiera e que era irregular la concesión de subvenciones nominales. Un poco después del famoso informe, el presidente de la Diputación, José Luis Baltar y su equipo de gobierno no se cortaron a la hora de volver a repetir la fórmula para otorgar concesiones. No se pusieron ni colorados los diputados del PP cuando la oposición le recordó que se volvía a incurrir en el error.

El gobierno del PP municipal sí tomó nota. No quiere más problemas con el Consello de Contas, bastantes dolores de cabeza le produjo su informe y el del interventor.

Dentro de poco conoceremos si el concello práctica el mismo método para la reparación de los parques infantiles.

A lo que parece que se resiste el gobierno es alentar la elaboración del informe judicial que permita el cobro de las plusvalías, esas que en su día se perdonaron.