Reconocen los portavoces del Gobierno y del PSOE que les ha roto los esquemas la negativa del PP y de Manuel Marín a que se prolongara tres días más el período de enmiendas a la reforma del Estatuto catalán. En estos tres días de más, el Gobierno pensaba que se habrían podido llevar a cabo algunos avances significativos, y que hubieran servido como demostración de que ese Estatuto alternativo es posible, algo que el PP sigue negando con su propuesta de devolver el texto del Parlamento catalán, o bien reducirlo significativamente, o bien, más fácil todavía, regresar al Estatuto todavía vigente y añadirle, sencillamente, algunas competencias más.
Los socialistas, al ver recortado el tiempo de las enmiendas en fase de ponencia se vieron en la necesidad de elaborar unos textos de enmiendas provisionales, o transaccionales, sobre las que se proponen trabajar en los dos meses de tiempo que tiene por delante la Comisión parlamentaria. Pero, como han señalado los dirigentes políticos catalanes, resultan unas enmiendas "duras", difícilmente asumibles. Hasta el punto de que la tentación de la ruptura ha vuelto a estar muy presente tanto en ERC como en CiU. Si no lo han hecho es porque tienen garantías de que se hará el máximo esfuerzo y existe firme voluntad, desde el Gobierno, para avanzar todo lo posible, más allá de lo que las enmiendas socialistas pudieran haber dado a entender. Y ese era, también, el principal propósito de la reunión de los socialistas del Gobierno con el cuatripartito catalán, en la mañana de este jueves, en el Parlament de Cataluña. Ya de por sí, el lugar de la reunión era indicativo del respeto que a los negociadores merece la representación del pueblo catalán en sus diputados autonómicos, autores del texto sometido a debate.
Con todo, la tentación de romper la negociación es probable que no se elimine del todo hasta que el texto vaya adoptando una forma que permita llegar a la conclusión de que el esfuerzo y el margen de confianza que ha solicitado Rodríguez Zapatero han valido la pena. Esa es, básicamente, la doble tarea encomendada a Pérez Rubalcaba por el presidente: demostrar con un articulado posible que el texto recomendado por el cuatripartito catalán habrá tenido utilidad como guía útil, pese a las modificaciones inevitables a las que fuerza la Constitución vigente.
Es un juego delicadísimo, un equilibrio exquisito, el que ahora tratan de trasladar al papel y a la redacción del articulado concreto los diputados catalanes y los representantes del Gobierno central, unos y otros animados por el deseo de demostrar al PP que sigue siendo una fuerza perfectamente prescindible, sólo capaz, en esta situación, de dinamitar, entorpecer y obstaculizar.
