Para poder comprender con exactitud la gestión de un siniestro marítimo que afecte a las vidas y a los bienes, habrá que tener muy en cuenta el factor humano en la mar y en tierra y sobre todo las comunicaciones.
La experiencia, viene a demostrar que cuando se trata de las vidas de los hombres de la mar, poca repercusión mediática tiene en la opinión pública.
En función del número de víctimas y de la zona geográfica de donde procedan, tendrá mayor o menor repercusión en los medios de comunicación y en la clase política, pero pronto, muy pronto, todo se diluye y cae en el olvido.
Caso de contaminación marina, el efecto es total y absolutamente contrario.
Los políticos comienzan a abanderar la protección del medio ambiente, algunos medios de comunicación mediarán de una forma u otra y el ciudadano, el contribuyente en definitiva, volverá a ser objeto y víctima de una lucha de intereses que nada tienen que ver con la prevención y la protección de las vidas y los bie-
nes.
La refriega mediática, deja en el olvido la gestión de los siniestros y catástrofes marítimas; para unos, todo funcionó razonablemente bien, rayando la perfección, y para otros, todo lo contrario.
En medio, la Organización Marítima Internacional (OMI), que dentro de sus postulados, invita a la investigación de los siniestros marítimos, a la aplicación de las lecciones aprendidas y a la ejecución de las oportunas medidas correctoras.
La instrucción del caso por el accidente del petrolero Erika frente a Bretaña (Francia) finalizó el día 1 de abril de 2004.
La juez Dominique de Talance, consideró haber estabilizado por fin la larga cadena de responsabilidades que se esconde tras el naufragio del petrolero maltés en el que se vertieron 15.000 toneladas de hidrocarburos que contaminaron 400 kilómetros de la costa atlántica gala.
El largo proceso de instrucción del caso Erika guarda muchas similitudes con el abierto en el juzgado de Corcubión por el Prestige, aún en fase inicial.
En el juicio iniciado en el mes de febrero de 2007, comparecerán como acusados el capitán indio del Erika, el armador, la fletadora francesa Total y la compañía de clasificación Rina.
También figuran entre los inculpados, que tendrán que responder a los cargos de contaminación marina, puesta en peligro de la vida a terceros o abstención voluntaria a tomar las medidas que permiten combatir un siniestro, cuatro militares de la prefectura marítima de Brest que no dieron suficiente crédito a la urgencia de las llamadas de socorro realizadas por la tripulación.
Varios informes cuestionan, entre otras, la celeridad de las actuaciones del Estado francés y la pertinencia de algunos de sus actos.
En el naufragio del Erika, las comunicaciones, demostraron ser un factor fundamental para la lucha contra la contaminación, determinantes, para poner en riesgo la vida de los tripulantes del Erika y por no dar crédito los responsables de su manejo, a la urgencia de la llamada.
La llamada de socorro del Prestige, puso en evidencia la capacidad de gestión de la Administración Marítima Española.
En el caso del Sierra Nava, las comunicaciones volverán a ser un factor fundamental para la resolución de un gran dilema: la depuración de responsabilidades.
Antón Salgado Clavo. Ponente de la Comisión y Subcomisión del Prestige - A Coruña
