En cuanto a la investigación abierta en Gondomar, donde fueron detenidos dos concejales del Gobierno local, la novia de uno de ellos, y el arquitecto Borja R.M., el presidente de Aproin, Javier Garrido, insistió en una rueda de prensa sobre el PGOM de Vigo en que hay que mantener la presunción de inocencia de los imputados, aunque admitió que "el que haga algo debe pagar".

Garrido explicó que la ausencia de un planeamiento urbanístico en esta localidad pontevedresa favorece la búsqueda de convenios urbanísticos que, al depender del "territorio de la negociación", se convierten en "focos para la posible corrupción". Sin embargo, recordó que la mayoría de los promotores, a pesar de la "idea equivocada de la opinión pública", se endeudan "hasta las cejas" para poder sacar adelante sus actuaciones.

Así, el presidente de los promotores insistió que los profesionales de este sector son "carne de cañón para desaprensivos" por lo que volvió a hacer un llamamiento para que se denuncien las prácticas de extorsión, para lo que Aproin prestará asistencia jurídica a los interesados.

Por su parte, el gerente de la asociación, Miguel Font, se sumó a las consideraciones personales que ya había expresado Javier Garrido, sobre el arquitecto detenido en relación con la trama de Gondomar, y defendió a Borja R.M., como un "gran profesional".

FINCA DO CONDE

En relación con la sentencia del Tribunal Supremo que anula la actuación de Finca do Conde en Vigo, donde se construyeron dos torres, varios edificios de viviendas y el centro comercial más grande de Galicia, Javier Garrido recordó que Aproin interpuso en su día un recurso para que no se ejecutara esa actuación y se preguntó cómo, si las obras ya contaban con una sentencia contraria, no se ejecutó dicha sentencia.

Miguel Font subrayó que los promotores inmobiliarios intentaron que no se ejecutase el PERI de esta parcela, "pero no pedimos que se deje sin hogar a las familias o que se tire abajo un centro comercial". De hecho, Aproin renunció a llevar a cabo actuaciones urbanísticas en esa parcela. Así, lamentó que la "lenta actuación" de la Justicia haya provocado, paradójicamente "situaciones injustas e incómodas".

REACCIÓN MUNICIPAL

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa, afirmó, en la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Gobierno, que la sentencia de Finca do Conde es "consecuencia" de la "inseguridad jurídica" del PGOM de 1993, "diseñado por los socialistas y en el que participó de forma activa la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino", añadió.

Según manifestó Figueroa, el Gobierno local pretende resolver estas situaciones con la aprobación del PGOM, mientras que el PSdeG "ha vuelto a la crispación", una actuación que atribuyen al candidato socialista a la alcaldía, Abel Caballero, al que "no le dan las encuestas".

Asimismo, explicó que el Gobierno municipal del PP votó a favor de la concesión de licencias en Finca do Conde amparándose en unos informes técnicos favorables, y estimó que, dado que existen otros casos de irregularidades, como la colina de Castrelos y la Pastora "habrá más sentencias".

APROBACIÓN DEL PGOM

Con respecto a la aprobación del PGOM, el concejal popular recordó que el ayuntamiento está a la espera de que se marque una fecha para una nueva reunión entre el gerente de Urbanismo y los técnicos de la Consellería de Política Territorial, y reiteró el compromiso municipal de tener las correcciones listas en el plazo acordado. Sin embargo, matizó que "desde el punto de vista político la decisión está tomada y no se aprobará el plan antes de las elecciones".

El Gobierno local prevé llevar a pleno el documento urbanístico corregido en un plazo de unos 15 días, para que sea sometido a votación nuevamente, aunque advirtió de que hay colectivos vecinales que están alegando para que el PGOM quede tal y como llegó a la Xunta. "Si el pleno no aprueba las modificaciones, quedará como estaba, pero es mejor un plan corregido que no tener ninguno", añadió.