De modo que, superado -al menos en apariencia- el peor momento forestal, y ratificado por los expertos que la mayor parte de los incendios han sido intencionados, parece llegado el momento de solicitar que se explique cuanto se sepa acerca de qué intenciones son ésas. Porque el hecho de que se sospeche que resultan variadas, y probablemente desconexas entre sí la mayor parte de las posibles, tienen el denominador común del daño, y en consecuencia procede ahondar todo lo que sea posible en ese asunto, que además provoca una enorme alarma social.

No se trata, por supuesto, de dar por buenas sin más las versiones que corren de boca en boca, las más provocadas por la fantasía popular aunque en algunos casos demuestren cierta coherencia. Alguien dijo, con mucha razón, que el fuego no tiene ideología, pero otros -con audacia- añadieron que lo que sí comporta es un negocio; en sus diferentes facetas, desde la prevención hasta la extinción, especialmente en los umbrales de una nueva legislación sobre el Monte. Y no sería mala cosa, en absoluto, empezar a analizar por ahí.

(Lo antes dicho no implica, en absoluto, una excusatio no solicitada, como tampoco ninguna malévola sugerencia: es evidente que existen negocios del todo lícitos que se llevan a cabo para combatir males sociales, y -por ejemplo- del mismo modo que nadie sospecha de la sanidad privada por el hecho de que sirva para atender a la salud pública, también ha de quedar a salvo la honestidad de los que tienen compañías de extinción privadas que trabajan en pro de la supervivencia de los bosques. Es cuestión de una transparencia similar. Punto.)

En este punto concreto, y desde el mayor de los respetos, convendría que alguien recomendara al señor conselleiro de Medio Rural que no añada, con mensajes subliminales, más confusión al problema. Ayer mismo, y en televisión, su señoría respondiendo a la pregunta de si existía una organización tras la enorme oleada de incendios, dijo que "no le consta". O sea, que no lo afirmó pero tampoco lo desmintió tajantemente; y aunque no a él que acaba de llegar, a los expertos que trabajan con él sí debería, en un sentido o en otro.

Lo contrario -ese no consta- resulta inadmisible tras quince años de tarea; aceptarlo sin más equivaldría a reconocer que no se ha investigado, o no se ha investigado bien. Especialmente cuando se habla de equipos de expertos que no han cambiado en este ferragosto y que por tanto deben -o al menos debe- rían- disponer de un acopio de datos lo suficientemente amplio como para evitar eso del "no sabe no contesta". Y si no los tuvieran los técnicos, habrá que preguntarles a los políticos: obviamente a los de antes, los del PP que, por cierto, diríanse desaparecidos en el rigor del verano. Y eso tampoco hay quien lo entienda.

¿Eh...?