El Parlamento gallego exige la flexibilización de la obligación de desembarque mediante una iniciativa que todos los grupos presentaron y aprobaron de forma conjunta a petición de la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss). La política de eliminación de descartes -capturas no deseadas que se tiran por la borda- entrará en vigor el próximo 1 de enero en la Unión Europea y podría llevar a la flota a amarrar, según denuncia el propio sector. La Fremss elaboró un manifiesto en el que niega que esta norma contribuya a lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y exige a Bruselas que estudie su exención para algunas pesquerías.