La Autoridad Portuaria de Vigo se ha propuesto poner freno a cualquier sospecha sobre la legalidad del funcionamiento de las descargas y la venta de pescado en el puerto. Desde este mismo mes se implementan una serie de medidas que, sin embargo, no sientan bien en una parte de los armadores. Desde el cerco de la Ría de Vigo barajan ahora dejar de operar en las instalaciones de la ciudad al considerar que "entorpecen" su actividad cotidiana con medidas "imposible de cumplir", como ya trasladaron al máximo responsable de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga. Apuestan, sin embargo, por operar en puertos como Marín, Ribeira o incluso A Coruña, lo que haría que cambiara de puerto base una flota que genera un volumen de negocio de unos siete millones de euros.

El máximo responsable de este segmento en la ría, el presidente Antonio González, indica que lo único que quieren es "vender con tranquilidad" y opina que las medidas significan una traba. En concreto, tanto él como otros armadores consultados se refieren a la obligatoriedad de informar a las autoridades de su llegada a puerto con antelación, señalando la cantidad de capturas que descargarán, y las inspecciones posteriores.

Estas medidas surgieron tras la operación Govi de la Guardia Civil, que acabó con siete detenidos y 25 investigados por una supuesta trama de venta ilegal de pescado en el puerto. González explica que es "partidario de modernizar el puerto", pero a su juicio "es algo que se debe hacer poco a poco". Para ello, emplazó a los responsables del puerto a acudir con los diferentes barcos a sus días de faena, "para que vean cómo está la situación antes de sacar medidas" como las que implantó la Autoridad Portuaria.

Según otros armadores del cerco consultados, las nuevas reglas del puerto "resultan imposible de cumplir" porque la selección de las capturas "se realiza incluso cuando estás llegando" al muelle, por lo que no pueden avisar con suficiente antelación sobre cuánta cantidad traen. A ello se suma que, una vez en tierra, pueden ser elegidos entre una de las dos embarcaciones al azar -por parte de la Plataforma de Gestión de Pesca- que inspeccionarán cada día agentes de la Policía Portuaria. Aunque existe un margen de error de hasta un 10%, recuerdan que "ninguno quiere ser el primero" en someterse a esta nueva normativa.

Todo ello cuando el grueso de la flota viguesa aún tiene pensado iniciar la campaña de este año el próximo lunes, dos semanas más tarde de los previsto debido a los temporales de las últimas fechas.

En el caso de la flota de Gran Sol, los armadores creen que "es pronto" para decir qué va a pasar con la actividad en el puerto. El presidente de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca en el Gran Sol (Anasol), Manuel González, recuerda que "no hay nada que esconder" y que creen que en su caso, como ya anuncian con tiempo la llegada a puerto, "no tienen problema". Eso sí, reconoce que "alguno" ya comentó que se iría para A Coruña u otro puerto más al norte, pero que "todo está por ver".