El veto a los descartes (capturas no deseadas y que se devuelven al mar) promovido de forma progresiva por la UE obligará a numerosos barcos españoles a reducir "muchos meses" su actividad en el mar. Así lo aseguró ayer el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, que explicó que este problema será especialmente patente a partir de 2019 para las flotas que se dediquen a la pesca de merluza, como el arrastre, debido al bacalao que también cae en sus redes. Este recurso actuará como una "especie de estrangulamiento", ya que cuando los pesqueros agoten su escaso cupo de bacalao, deberán amarrar en "el primer trimestre del año" aunque todavía tengan cuota de merluza, según indicó Hermida.
"Los países están comprobando que la obligación de desembarques puede llevar a muchos barcos a cerrar su pesca y volver a puerto en el primer trimestre del año, con las consiguientes repercusiones sociales y económicas", alertó. "Mientras, a los pescadores de otros países noroccidentales les ocurre a la inversa: Se dedican al bacalao y la merluza es su especie de estrangulamiento", indicó.
Hermida participó en el I Encuentro Holanda-España sobre Pesca Sostenible e Innovadora, junto a representantes del Gobierno holandés, donde anunció que el Ministerio expondrá esta preocupación ante el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca en Bruselas. Representantes del Ministerio expusieron durante el evento que existen "soluciones" contra lo que puede convertirse en una "tormenta perfecta" para la flota.
"Tenemos dos años (hasta 2019) y las excepciones previstas en las normas contra los descartes no son suficientes", añaden, por lo que se plantea que una opción sería dar "más flexibilidad" para los intercambios de cuotas, pero lo considera "difícil" porque "nadie" quiere perder cupos de su recurso principal y, además, es complicado "convertir merluzas en caballas", en referencia a que cada pescado tiene su precio.
