La Comisión Europea (CE) admite ahora que la prohibición para la flota comunitaria de cortar aletas de tiburones a bordo ocasionó un "coste" económico a los buques españoles. La CE publicó ayer un informe que aboga por promover esta normativa a escala internacional para propiciar que barcos comunitarios y no comunitarios trabajen en "igualdad" de condiciones. El Ejecutivo de la UE también abre la posibilidad de "solucionar" los sobrecostes que la prohibición ocasiona a la flota mediante ayudas financiadas a través del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP).

El objetivo de la prohibición (introducida en julio de 2013) es evitar el cercenamiento o finning, que consiste en conservar a bordo la aleta -por su alto valor comercial- y tirar el resto del escualo al mar, una práctica que sí efectúan flotas de otros países fuera de las aguas comunitarias. España expuso a la CE que la restricción provoca sobrecostes a sus barcos palangreros, que se dedican a la captura de tiburones -como el cazón o la tintorera-, y que tradicionalmente han aprovechado todo el animal, aleta y cuerpo, según indica el documento publicado ayer. En 2014 había censados 130 palangreros de superficie que pescaban tiburón en España, casi todos gallegos.

El Gobierno español señaló a Bruselas que la prohibición ocasiona unos gastos de entre 18.000 y 40.000 euros por embarcación debido a cuestiones como la reducción de la capacidad de almacenamiento en bodega o la mayor dificultad de manipular el animal. Los beneficios de una marea de un buque congelador rondan, según la flota, los 65.714 euros de media, por lo que los armadores aseguran que el veto de la UE puede suponer más de un 50% de pérdidas cada vez que salen a faenar. Un informe elaborado por el sector en 2015 denunció un perjuicio económico anual de más de 14 millones de euros.