"Estoy más indignado que alegre", manifestó ayer José Luis Santiago Pereira al conocer la anulación de la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra que condenaba a la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín y a su presidente, por una serie de delitos contra la Hacienda Pública. Esta sentencia ha sido anulada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra "por falta de motivación suficiente". Reclama a la titular del juzgado Penal que argumente su fallo.
El responsable de la cooperativa San Miguel destaca que la anulación de la sentencia no concluye el proceso y que el procedimiento continuará con la contestación del juzgado a este requerimiento y las acciones que aún puedan emprender las partes. Santiago Pereira señaló que todavía no ha podido hablar con su abogado sobre las acciones a emprender.
La sentencia del 17de junio de 2015 consideraba probado que en los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 la cooperativa marinense ocultó a Hacienda ventas en "B" de pescado por valor de casi 15 millones de euros, de tal forma que dejó de ingresar al fisco una cantidad superior al millón de euros en concepto de IVA (concretamente 359.750 euros en 2008; 321.480 euros en 2009 y 372.619 euros en 2010).
También señala que Santiago Pereira, como presidente de la cooperativa y del consejo rector, ostenta la representación legal de la entidad y asume también las obligaciones tributarias, de ahí que resulte condenado. El juez le impone un año de prisión por cada uno de los delitos fiscales cometidos, así como sendas multas de 360.000; 322.000 y 373.000 euros, similares a las cantidades defraudadas. La cooperativa también debe abonar una multa de 745.239 euros por el delito contra la Hacienda Pública en relación al IVA en el año 2010.
Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial anula ahora esta sentencia, al entender que se habrían vulnerado los derechos fundamentales de los apelantes, relacionados con el derecho de defensa, el quebrantamiento de normas y garantías procesales y el razonamiento de las pruebas.
Pero esta anulación no tranquiliza a los condenados. "Se ha hecho un mínimo de justicia pero el daño es irreparable", indicó Santiago Pereira, quien recuerda que "llevo tres años sufriendo una causa totalmente injusta, pero tengo la conciencia tan tranquila como el primer día, siempre la he tenido", aseveró.
Para José Luis Santiago la sentencia del Penal 3 de Pontevedra le demuestra que "este Estado no es muy garantista" con los derechos de los ciudadanos, ya que entiende que la jueza que los condenó en primera instancia solo tuvo en cuenta la denuncia de una inspectora de Hacienda frente a una veintena de testigos, que contradecían la argumentación de la funcionaria.
