El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, reveló la semana pasada que la operación Sparrow contra la pesca ilegal, en la que el Ministerio de Agricultura investigó las sedes de varias empresas (entre ellas muchas gallegas) y marineros por su presunta vinculación con actividades irregulares, se resolverá en los próximos días y el expediente fijará las sanciones a los implicados.
El responsable de la política pesquera española destacó en una entrevista concedida a Efe que, frente a las críticas de la flota por el exceso de inspecciones, el sector pesquero nacional se está quitando "el sambenito de incumplidor" y que, aunque en 2012 y 2013 subieron las multas, desde 2014 descendieron.
En su día, efectivos de la Policía registraron las sedes de varias firmas gallegas, entre ellas dos empresas pesqueras en Vigo y Redondela (sociedades de pequeño tamaño que importaban róbalo) para comprobar su vinculación con los buques incluidos en la lista negra de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCRVMA), donde faenan buques como el ya hundido Thunder o el Kunlun (actualmente fugado tras escapar de Tailandia), que contaban con marineros gallegos a bordo y que están relacionados con empresas de la comunidad, entre ellas la ribeirense Vidal Armadores.
