La Federación Galega de Confrarías de Pescadores alertó ayer -en nombre de las tres federaciones provinciales- de una serie de irregularidades en el cobro de la tasa portuaria que se aplica sobre la pesca fresca (conocida como la tarifa X-4). Según explican los pósitos en un comunicado, desde octubre del pasado ejercicio la tasa se aplica en algunos puertos "sin actividad en lonja", cuando hasta ahora esa tarifa "nunca se había liquidado más que en las lonjas", por el uso de las instalaciones de cada puerto para descargar y vender la mercancía. Ante esta situación de "injusticia", las cofradías exigen a Portos de Galicia y a la Consellería do Mar que hagan una "revisión inmediata", así como que se anulen y se dejen sin efecto las liquidaciones emitidas desde octubre "mientras no se aclare la aplicación de esta nueva tributación".

El sector pesquero gallego viene detectando "irregularidades" en el cobro de la tasa portuaria por pesca fresca ya desde el pasado octubre. Hasta ese mes, Portos de Galicia aplicaba la tarifa solo en puertos donde se desarrollaba actividad en lonja, pero ahora se aplica de forma "arbitraria" en dársenas "sin actividad en lonja". "Esta aplicación es una novedad, nunca antes se había liquidado esta tarifa más que en las lonjas. El uso de las instalaciones de puerto de origen, sin lonja, no se corresponde con el objeto imponible previsto para esta tasa", critican las cofradías en el comunicado.

Doble tributación

Pero esta no es la única queja del sector. Según la Federación, hay casos en los que se detecta una "doble tributación", cuando un barco descarga en un puerto pero vende su mercancía en otro. "La tarifa grava con el 1,75% el importe de la primera venta en lonja de los productos. El problema es que cuando se emite un Ticpes (Tecnologías de la Información Aplicadas a la Pesca) para el traslado de ese pescado o marisco a una nueva lonja para proceder a su subasta, el mismo producto vuelve a ser gravado con la misma tasa", critican los pósitos.

Las cofradías alertan, además, de la "aplicación errónea" de tarifas, en base a los precios máximos de venta de los productos en vez de atender a las cotizaciones medias, como recoge la normativa.