El Parlamento Europeo votó ayer el Informe Rodust, el documento marco que servirá para poner en marcha la Política Pesquera Común (PPC). Y la decisión de la Cámara, por abrumadora mayoría, supone un serio revés para la flota gallega. A partir del 1 de enero de 2014, y si prospera íntegramente el informe validado ayer, los buques tendrán la obligación de no arrojar al mar ningún pescado que se considere accesorio (descartes), y que afectará de forma inmediata al lirio, el jurel, la sardina y la caballa. De este modo, con con 502 votos a favor, 137 en contra y 27 abstenciones, Europa fuerza el veto a los descartes y los adelanta al año 2017 (pese al compromiso de intentar retrasarlo a 2020). A partir del 1 de enero de ese ejercicio, todo el pescado capturado deberá subirse a bordo aunque no tenga valor comercial o el buque no tenga cuota para faenarlo. Este documento aún se puede modificar. El ministro Miguel Arias Cañete reconoció que el voto del pleno puede causar un problema "complejo" a la flota española por la escasez de cuotas.
El escenario el Europarlamento quiere poner en marcha, y que se cierne sobre la flota gallega, es el siguiente. A partir del 1 de enero de 2014 no se podrán arrojar al mar las especies pelágicas (lirio, jurel, sardina y caballa). Desde 2016 se aplicará la misma imposición al bacalao, la merluza, el lenguado, la cigala o el abadejo. Y, para finalizar, se fuerza el veto absoluto a los descartes para 2017 para el resto de especies: rape, brosmio, merlán, gallo, maruca o granadero.
En definitiva, solo tres años por delante para poner fin a las capturas accesorias. ¿Qué significa esto? Que, como señala la Cooperativa de Armadores de Vigo, de las especies que se puede faenar, "al no poder descartarla, su cuota se agotará muy pronto". Esto producirá "un grave declive social" en zonas como Galicia, agrega.
Enmienda de Fraga
La eurodiputada popular Carmen Fraga presentó una enmienda que apostaba por retrasar la implantación de los descartes y de reclamar a la Comisión un informe que evalúe el impacto de su prohibición en la flota. Contó con el apoyo del BNG (representado por Ana Miranda, que votó en contra del texto), pero el pleno la tumbó. El eurodiputado Antolín Sánchez Presedo (PSOE) votó en contra al considerar que la propuesta de Fraga suponía una "confrontación con la mayoría del Parlamento", como expuso a FARO, y cree que el trílogo puede modificar el calendario de los descartes. "No es la reforma que queríamos", explicó. PP, PSOE y BNG coincidieron al lamentar el hecho de que no se haya cambiado el llamado criterio de estabilidad relativa, vigente desde 1983, y que solo otorga a la flota española el 7% del TAC europeo pese a tener el 24% de la capacidad pesquera.
Lo que sí se logró ayer fue el reconocimiento para la acuicultura extensiva (no industrial) y el marisqueo. La propuesta de Miranda de que los buques artesanales puedan tener hasta 15 metros de eslora (no 12, como hasta ahora), tampoco prosperó. El escenario para alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en las pesquerías se mantiene como quería la flota española, con una fecha tope de 2020. Los grupos ecologistas celebraron con champán el resultado de la votación.
