Con los juzgados de Vigo y del resto de Galicia prácticamente paralizados desde el 7 de febrero debido a la huelga de funcionarios en reivindicación de mejoras salariales y laborales, ahora son las principales asociaciones de jueces y fiscales las que anuncian movilizaciones a nivel nacional. Un calendario que arranca el próximo 5 de abril con la lectura en las sedes judiciales de toda España de sus propuestas para mejorar la Justicia y que concluiría, en caso de no recibir antes una respuesta satisfactoria a sus peticiones, con una jornada de huelga el 2 de mayo. El magistrado de Pontevedra Manuel Almenar, presidente de la asociación mayoritaria entre los jueces, la APM, concreta los motivos de estas medidas.
- Los funcionarios judiciales llevan mes y medio de huelga en Galicia. Ahora son magistrados y fiscales los que amenazan con movilizaciones a nivel nacional. ¿Qué está ocurriendo en la Justicia?
- La Administración de Justicia, tradicionalmente, ha sido la gran olvidada. Los Gobiernos han preferido, salvo honrosas excepciones, apostar por otros sectores más rentables en términos electorales. Esta falta secular de medios ha sido subsanada en gran parte con la dedicación de jueces, fiscales, funcionarios, profesionales?, pero esa actitud voluntarista no es suficiente ni puede mantenerse en el tiempo. Si en los últimos diez años hicimos un esfuerzo, conscientes de la crisis económica, la recuperación nos obliga a poner en primera línea de los objetivos pendientes una Justicia más ágil, próxima y eficaz. En junio de 2017 las asociaciones judiciales consensuamos 14 propuestas, que se presentaron a grupos parlamentarios y Ejecutivo. Transcurridos nueve meses, ninguna ha visto la luz.
- ¿Cuáles son los objetivos de las movilizaciones?
- Las medidas no son un fin en sí mismo, sino que pretenden evidenciar el malestar por el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos. Las actuaciones comienzan con una concentración para dar a conocer las propuestas, que abrirá un plazo de mes y medio en el que esperamos un cambio que revele una apuesta real por la Justicia, de modo que haga innecesarias otras medidas de mayor entidad. Es de destacar que en los últimos días hubo algunos gestos que apuntan en el buen camino. Por ejemplo, la asunción del incremento de la planta judicial y fiscal, mediante la convocatoria de 300 plazas, que se recogería en la Ley de Presupuestos. Esperemos que se confirmen y, sobre todo, pongan de manifiesto un cambio real en la percepción de la Justicia como una prioridad, como lo es la educación o la sanidad.
- El manifiesto enumera las razones que les llevan a esta situación, desde la petición de más jueces y fiscales, la fijación de cargas de trabajo razonables, sus críticas al sistema de plazos en las instrucciones o la necesidad de mejorar el proceso de digitalización. Una de ellas versa sobre mejoras salariales.
- La mejora de las retribuciones es una de las peticiones, pero ni es la única ni, para muchos, la más importante. Los jueces cumplimos con nuestro deber, nos paguen más o menos, como demuestran los 5.600 compañeros de la carrera judicial, a veces en condiciones difíciles y sometidos a una presión política, mediática o social intolerable. Pero la independencia real pasa, entre otros presupuestos, por garantizar la independencia económica. La carrera judicial sufrió en 2010 una reducción salarial superior a la media, que alcanzó el 9,73% frente al 5% de la función pública. Fue asumida debido a la crisis, pero pasaron ocho años y hoy se pregona la recuperación económica y un crecimiento que debe tener su trasunto en este ámbito.
- ¿Cuáles son los principales motivos que les llevan a dar este paso? No sería la primera vez que magistrados y fiscales hiciesen huelga, hay algún precedente, pero es del todo excepcional...
- La constatación de que la Justicia no admite más parches ni componendas. La vocación de servicio que caracteriza a la carrera judicial entiende con dificultad adoptar medidas de conflicto que puedan perjudicar al ciudadano. No fue un paso querido, sino asumido resignadamente como último instrumento para hacer ver la necesidad de cambios en la Justicia. Ahora bien, las medidas se condicionaron a la evolución de la negociación y queremos pensar que ese proceso llegará a buen puerto, que no es otro que una Justicia moderna, con suficientes medios personales y materiales y una organización ágil y eficaz.
