El 17 de junio del pasado año una tranquila jornada de playa en Samil acabó en susto al prohibirse el baño en la mitad del arenal tras detectarse un vertido de alquitrán en el agua a lo largo de unos 300 metros. Fue un caso único por su repercusión debido a las miles de personas que se encontraban en la zona, pero a lo largo de todo el año agentes de Augas de Galicia y de la Axencia Galega de Emerxencias intervienen en al menos una treintena de puntos de la ría de Vigo identificados como posibles focos de contaminación y acuden a localizaciones nuevas en caso de accidente fortuito o la aparición de restos no identificados. En el último año el plan de control de vertidos de la Consellería de Medio Ambiente abrió expediente sancionador en 21 ocasiones al detectar otros tantos vertidos contaminantes en el área de Vigo que integran también los municipios de Nigrán, Redondela, Soutomaior, Pontevedra, Vilaboa, Moaña y Cangas.
En cuatro casos se logró identificar de forma clara a los responsables y se pudo cerrar el caso con sanciones para los responsables de causar un daño ambiental a la Ría. Afrontaron multas que van desde los 500 hasta los 2.500 euros y el volumen total de lo recaudado asciende a 7.001 euros, según el informe anual elaborado por la Xunta, en el que constan otros ocho casos archivados en los que no se pudo dar con los responsables o no tenían carga contaminante mientras que quedan otros nueve en fase de investigación.
Otro dato relevante es que de los 21 expedientes abiertos por la administración en el último año hay 15 que proceden de instalaciones de una administración lo que apunta a vertidos de estaciones depuradoras, que son habitualmente la mayoría de los casos que se registran. En 2017 solo tres evacuaciones irregulares procedían de industrias y coincide que los tres forman parte del grupo de casos abiertos aún pendientes de resolver. Hay otros tres casos procedentes de inmuebles particulares: uno fue multado, otro archivado y queda un tercero también pendiente de la realización de pruebas.
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Cuando se detecta contaminación en algún punto de la Ría se realizan analíticas sobre el terreno, se recogen muestras para el laboratorio y en caso de tratarse de hidrocarburos se instalan barreras de retención. Desde Augas siempre insisten en que el objetivo es erradicar el punto de vertido, por lo que también se asesora a los titulares en caso de empresas o particulares para que instalen sistemas de tratamiento y luego se somete la zona a un seguimiento. La gran dificultad radica en encontrar el foco exacto de la carga y poder demostrar su procedencia para llegar a imponer sanciones. Aunque el último balance de Medio Ambiente parece indicar que la situación mejora al abrir 17 expedientes en el último ejercicio frente a los 47 del año anterior o los 42 del 2013. La presión contaminante sobre la ría de Vigo parece disminuir y ello a pesar de que en el conjunto de Galicia el número de alertas recibidas ha crecido levemente en los últimos dos años.
El servicio centralizado de atención en el que colaboran Augas y AXEGA con el 112 recibió en los últimos doce meses un total de 426 avisos a los que hay que sumar otros 102 comunicados por otros departamentos autonómicos, particulares o medios de comunicación. En total fueron 528, un 3% más que en el año 2016 y un 18% más que en 2014. La media suele rondar las 480 emergencias anuales en toda Galicia.
El trabajo de inspección, control y erradicación de los vertidos al dominio público hidráulico y desde tierra al litoral gallego lo realiza un equipo de 21 personas organizadas en tres oficinas de trabajo coordinadas por un servicio central. En estos momentos en Galicia hay un total de 85 vertidos "en investigación" lo que supone también una mejora a nivel autonómico con respecto a los 103 del ejercicio anterior.
