Una nueva normativa comunitaria agravará el colapso del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) y amenaza con más problemas a las empresas que se dedican a la captura o transformación de pescado al obligar a analizar unas 300.000 toneladas más de pesca congelada al año. Bruselas ha publicado un reglamento (el 625/2017) por el que obliga a que todas las capturas realizadas por la flota comunitaria y que son transbordadas en un país no comunitario tengan que ser avaladas por un control y certificado sanitario del país de partida de la carga. Esto provoca que la mercancía sea considerada una importación, lo que obligará que a su llegada pase por la correspondiente investigación en el ya de por sí saturado PIF. La medida, que será efectiva a partir del próximo 1 de julio, ha generado una gran alarma entre los armadores, que señalan que "va a provocar un problema gravísimo".
El Puerto de Vigo movió el año pasado casi 650.000 toneladas de pescado congelado, un 5% más que en 2016. Casi la mitad de esta mercancía es capturada por la flota gallega que enarbola el pabellón español en prácticamente todos los océanos del mundo: buques de palangre que capturan pez espada y tiburón en el Pacífico, grandes atuneros que operan en el Índico o los arrastreros congeladores que faenan en todo el océano Atlántico. Todos ellos realizan la mayor parte de sus transbordos en apenas una quincena de países, siendo los principales Uruguay, Perú, Namibia, Sudáfrica o Cabo Verde.
A partir del próximo 1 de julio, tal y como recogió en diciembre el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), estos países van a ser los encargados de "avalar a través de un sanitario propio" la carga, explica Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), que opina que "lo más grave" es que las capturas de los barcos con pabellón español van a ser consideradas una importación. "Es algo gordísimo por los colapsos que se pueden ocasionar en Vigo", comenta.
Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria, opina por su parte que "todo lo que sea aumentar los trámites en el puerto no es una buena noticia" porque lo que persiguen es tener "una estructura ágil y esto lo pone más difícil". Además, apunta a Sanidad: "Se empeñan en que aquí no pasa nada", en alusión a la saturación que tiene en la actualidad el PIF, que ha levantado las quejas del sector y que provoca que algunas compañías prefieran operar en el puerto luso de Leixões.
Sin ir más lejos, el año pasado una consulta realizada por la firma Eosa a instancias de la Autoridad Portuaria recabó la opinión de las empresas del sector que operan en el puerto. El 95% de ellas admitió haber tenido alguna incidencia con el PIF y el 86% declaró que el trato recibido no había sido el adecuado. Además, apuntaron a que "la mayor parte" de las incidencias correspondían a "erratas que no cuestionan la seguridad sanitaria de los productos".
"Es un problema de medios, de lugar físico y de mentalidad del equipo inspector", explica Touza sobre el PIF y los problemas que supondrá la nueva normativa. "Si ya a día de hoy existen colapsos, ¿qué pasará a partir de julio?", se pregunta el también armador.
Ministerio de Sanidad
Desde ARVI se intentó atajar el problema antes de llegar a esta situación. Tras haber pasado por los problemas que supuso el cambio del certificado aduanero T2M al nuevo documento (que obligaba a imprimir el diario de a bordo y vulneraba la confidencialidad de los armadores), llegó este requerimiento sanitario. Los armadores participaron en reuniones con la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG Sante), bajo la dirección general del catalán Xavier Prats Monné. "Hablamos con ellos para intentar frenarlo porque muchos países no lo veían nada claro", comenta Touza.
En aquellos encuentros con la Comisión Europea, la flota intentó también lograr algún tipo de período transitorio o exención que facilitara el paso a este nuevo procedimiento. "No pudimos conseguir nada", lamenta el presidente de ARVI.
Por otro lado, y ante las quejas de los armadores, el Ministerio de Sanidad español se comprometió a analizar el caso. Pese a que desde ARVI apuntaron a que unas 300.000 toneladas se de pescado congelado se verán afectadas por la medida, desde el Ministerio quieren llevar a cabo sus propios cálculos. La intención es valorar cómo pueden apoyar al PIF para tratar con la nueva carga de trabajo.
El gerente de la cooperativa de armadores, José Antonio Suárez-Llanos, explica que Sanidad se comprometió a aumentar el personal que trabaja en el PIF. "Vamos a confiar en que lo hagan", comenta.
Por otro lado, desde ARVI creen que, al igual que sucedió con el T2M, existe un problema a mayores que el del PIF: la información a los terceros países. "Hay miedo de que no sean debidamente informados y que haya problemas con los certificados a partir de julio", destaca Suárez-Llanos.
MarInnLeg
Desde la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga alerta de la necesidad de llevar a cabo medidas para intentar revertir la situación, para lo que ha puesto a disposición de los armadores MarInnLeg, la fundación con un patrocinio público-privado para estudiar los aspectos técnicos relacionados con la actividad pesquera y marítima en el ámbito económico, jurídico y administrativo. "Aquí está para lo que necesiten", concreta López Veiga sobre el proyecto enmarcado en el plan Blue Growth.
