El grupo municipal Marea de Vigo ha reiterado este lunes su denuncia acerca de los análisis de la calidad del agua en la red de abastecimiento, y ha señalado que "se trampean" los resultados y se "oculta" información, al tiempo que ha incidido en su intención de acudir a los juzgados si el gobierno de Abel Caballero no da una "explicación política" a las purgas realizadas en Canido.
Así lo ha manifestado el portavoz del grupo, Rubén Pérez, quien ha rechazado las afirmaciones de Caballero acerca de esas purgas. "Es falso que las purgas sean algo normal y habitual, son acciones correctoras, que se hacen cuando una red es muy antigua, cuando hay averías o problemas", ha incidido, y ha vuelto a destacar que es "sospechoso" que se tomen esas medidas en el entorno de un colegio donde los análisis revelaron baja calidad del agua, y que los informes de la concesionaria sean positivos justo después de realizar las purgas.
Pérez ha recordado que hay un porcentaje elevado de conducciones en Vigo que son de fibrocemento, y también hay miles de metros de tuberías de fundición, lo que evidencia que la red de abastecimiento de la ciudad está obsoleta. Asimismo, ha subrayado que esta situación es responsabilidad de los gobiernos municipales de los últimos años, que no exigieron a la concesionaria actuar en la red para garantizar unas buenas condiciones.
"No pasa nada si dan mal unos parámetros en los análisis, se toman medidas para corregirlo. Lo grave es ocultarlo", ha incidido el portavoz de Marea, quien ha reiterado que "se trampean" las analíticas con medidas como las purgas "para que el alcalde pueda salir en rueda de prensa al día siguiente diciendo que los resultados dan bien".
Vía judicial
A ese respecto, ha exigido al gobierno municipal que aclare cuál es la verdadera situación de la red de abastecimiento, que haga públicos los resultados de las analíticas de las últimas semanas, y que facilite toda la información, en lugar de recurrir al "insulto y la descalificación". En todo caso, ha señalado, Marea de Vigo acudirá a la vía judicial para denunciar la situación del abastecimiento en la ciudad.
Por otra parte, Rubén Pérez ha apuntado que, ya en 2019, el gobierno municipal deberá plantearse el futuro de la concesión de Aqualia, puesto que la prórroga del contrato termina en 2020 y, en caso de que se ponga fin a dicho contrato, debe denunciarse un año antes. La Marea, ha precisado, pedirá que se denuncie y se le retire la concesión.
Finalmente, ha insistido en que el Ayuntamiento de Vigo "tiene la responsabilidad" sobre la estación potabilizadora del Casal y, por tanto, sobre la calidad del agua que sale de esta planta, como demuestra el gasto de 300.000 euros por parte del Ayuntamiento en reactivos para tratar esa agua.
