La Autoridad Portuaria de Vigo quiere asumir el control del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) actuando como coordinador de su funcionamiento ante el perjuicio económico que ocasiona la disparidad y arbitrariedad de criterios de los inspectores que deciden el despacho de mercancías. Este es el objetivo de la "propuesta de instrucción" que ayer envió a Puertos del Estado y en paralelo a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para que esta institución se la remita a los ministerios con funcionarios en la plantilla del puesto de Guixar (Sanidad, Agricultura, Economía, Hacienda y Administraciones Públicas). De lo que se alegue desde estos departamentos dependerá el éxito de una norma, inédita en España, con la que Praza da Estrela da un nuevo paso dirigido a frenar el desvío de tráficos a Leixões. La intención del presidente Enrique López Veiga es aprobarla en el último consejo de administración del año, previsto para el 22 de diciembre.
"Propuesta de instrucción establecida por la Autoridad Portuaria de Vigo en materia de coordinación de actividades en el PIF sobre la que pueda ser competente de acuerdo con el TRLPMM [Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante]". Así encabeza el Puerto de Vigo el primer borrador de una normativa que deberá ser aprobada por el consejo de administración y ayer adelantó a la Mesa de Trabajo el PIF, la comisión de expertos integrada por las principales organizaciones vinculadas a la actividad portuaria.
La exposición de motivos de esta propuesta arranca citando la directiva comunitaria 97/78/CE que, según el resumen del Puerto, indica que los PIF "en muchos aspectos inciden sobre la gestión económica y comercial de los Puertos y que deben ser objeto de una especial atención en materia de coordinación entre las distintas administraciones". Y en el caso del puesto de Vigo recuerda que "su instalación y correcto funcionamiento" ha requerido de un inversión de cuatro millones, "de la que apenas está amortizado menos del 30% a fecha de hoy".
No discute ni la independencia de los funcionarios en el ejercicio de sus inspecciones ni mucho menos pretende interferir en ellas. "Pero en la inspección de tipo documental se dan casos en que, por no estar adecuadamente controlados y coordinados, acaban teniendo una clara repercusión económica para el Estado, el Puerto, y sobre todo, para el administrado objeto de las inspecciones", razona. Entiende, además, que "independencia de acción no puede significar, de ninguna manera que los funcionarios no den cuenta al menos para informar ante alguna autoridad de coordinación". Máxime, aduce, cuando en los PIF trabajan empleados públicos dependientes de hasta cinco ministerios "con un cruce considerable de procedimientos administrativos que merecen sin duda algún tipo de coordinación". Por falta de ella se producen, recalca, "notables tensiones que tienen repercusión económicas", como han denunciado las empresas en reiteradas ocasiones.
Ante la ausencia de una legislación específica sobre la estructura de mando y coordinación de los PIF, el Puerto considera de "plena aplicación" lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley de Puertos. De estos preceptos interpreta como "evidente que les corresponde a las autoridades portuarias la función de coordinación de los PIF salvo en aquellas materias propias de la función inspectora en sí y del nombramiento de los inspectores cualificados que dependen de sus respectivos ministerios". Y como, agrega, "la labor de coordinación no ha sido asignada hasta la fecha a ninguna otra Administración", justifica la instrucción como un intento de "solventar un vacío normativo, al menos hasta que no se desarrollen las ordenanzas de los Puertos contempladas en la TRLPMM".
Esta potestad de coordinación que pretende conseguir el Puerto sobre la actividad del PIF tendría unos "límites generales" pero asegura, basándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que "conlleva un cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado". En todo caso considera que ello "no sería incompatible con la autonomía de las entidades coordinadas, sino un simple límite al ejercicio de dicha autonomía" donde, además, citando fallos del Alto Tribunal, "los medios y técnicas de coordinación deben respetar un margen de libre decisión o discrecionalidad en favor de las administraciones sujetas a la misma, sin el cual no puede existir verdadera autonomía".
Las empresas acusan al "número 2" de Sanidad de "dar carpetazo" a sus demandas de mejora
- La reunión celebrada ayer tarde por la Mesa de Trabajo del PIF demostró la pésima consideración que tienen las empresas del secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza. Como principal reproche, la falta de respuesta del número 2 del ministerio al "contraprotocolo", esa especie de decálogo de medidas para agilizar el funcionamiento del PIF que le enviaron en julio en réplica al "farragoso" documento que les había presentado Castrodeza en mayo. Pero lejos de rendirse, ante el intento de "dar carpetazo al tema" por parte del alto cargo de Sanidad, la Mesa de Trabajo -formada por Logidigal, el Colegio de Aduanas, Arvi, ATEIA, Anfaco, Conxemar, entre otros- volvió a exigir una "respuesta pormenorizada y técnica" a ese contraprotocolo, "ya que nada ha cambiado y podría dar la impresión de que se pretende negar la realidad del desplazamiento de las descargas de pescado congelado hacia Leixões". Fidalgo traslada el malestar a la ministra A la reunión asistió el senador del PP, Miguel Fidalgo, quien pudo comprobar el enfado del sector con el secretario general. Pero como la mayoría de los integrantes de la Mesa, confía en que la ministra Dolors Montserrat acabe dando un golpe encima de la mesa ordenando nuevas acciones de mejora y convincentes. "Yo mismo le he transmitido lo que es innegable: que Sanidad ha estado trabajando en unas medidas con un resultado no es satisfactorio y mientras tanto, la fuga de empresas sigue y el riesgo de deslocalización de empresas, también", incidió Fidalgo. La Mesa de Trabajo tampoco olvidó la reciente sustitución de la coordinadora de Sanidad Exterior, Ana Martínez. Ausente por baja médica, los operadores le desean un "pronto restablecimiento" y dan un "voto de confianza" a las dos funcionarias que la reemplazan.
