Urbanismo ordena el derribo de 55 garajes, piscinas y ampliaciones de viviendas ilegales en Vigo

Las resoluciones del último año y medio afectan también a una veintena de cierres que invaden terreno para viales. Se recurre a "Google Earth" para verificar la fecha de las construcciones

31.07.2017 | 10:49
Uno de las construcciones ilegales a derribar en Vigo // FARO

Coto a infraviviendas turísticas y un asentamiento de caravanas

  • Tras varios intentos por parte de Urbanismo los propietarios de dos parcelas ubicadas en el Camiño Fontes de Alcabre desmontaron una decena de infraviviendas turísticas instaladas sobre un suelo que el Plan Xeral califica como rústico. Carecían de licencia de obra municipal y de cualquier autorización autonómica como establecimiento turístico. Los trámites se iniciaron en 2013 y han dado sus frutos, algo que se espera lograr próximamente en el Camiño Parachán. Se abrió expediente en junio de 2015 por la construcción ilegal de una vivienda, dos rellenos con materiales de construcción y el uso de una finca, en la imagen superior que se usa según el expediente para "almacenamiento de vehículos, caravanas y remolques sin título habilitante".

Por la Gerencia de Urbanismo pasan cada mes una media de dos expedientes de protección de la legalidad urbanística abiertos por la administración local para actuar contra los propietarios de terrenos que amplían sus viviendas unifamiliares, le adosan un porche, un garaje o una piscina o amplían el cierre de sus fincas sin solicitar licencia de obra. Entre las infracciones detectadas también figuran construcciones en suelo que el Plan Xeral cataloga como rústico, la invasión de terreno reservado para viales públicos o de fincas protegidas por su proximidad a la cuenca de ríos y junqueras. El gobierno local decretó en el último año y medio un total de 55 órdenes de demolición que se concentran en las parroquias más rurales del municipio.

Los afectados suelen recurrir a los tribunales para intentar salvar sus bienes cuando se trata de su residencia habitual y suelen ejecutarse de forma más inmediata las órdenes de demolición que se refieren a construcciones anexas como galpones, garajes o muros de contención que incumplen la normativa. Los expedientes más complejos suelen prolongarse una media de dos años, aunque hay casos como el de las infraviviendas turísticas detectadas en dos parcelas de Alcabre que permaneció abierto desde 2013 hasta la pasada primavera al alegar los propietarios desconocimiento sobre la actividad que desarrollaban los arrendatarios de esas fincas de suelo rústico donde no estaba permitido el alojamiento temporal de visitantes.

Este es uno de los casos más llamativos de los últimos 18 meses, aunque no el único. Puede ocurrir que sin denuncia de algún vecino o afectado directo a los inspectores de Urbanismo les pase desapercibido un movimiento de tierras o una rehabilitación que no se ajusta con exactitud a la licencia otorgada por Praza do Rei, pero hay infracciones flagrantes como la registrada en Lavadores donde una promotora construyó ocho apartamentos individuales en lugar de la vivienda unifamiliar que le fue autorizada, teniendo posteriormente que ajustarse a los permisos y modificar el uso de la propiedad.

Este año las infracciones detectadas se han incrementado con un total de 27 resoluciones de derribo dictadas desde el mes de enero, tantas como en todo el ejercicio 2016. Aunque la mayoría de los incumplimientos urbanísticos se localizan en el rural, curiosamente, la última demolición decretada por la Gerencia el día 13 de julio afecta a un edificio del centro de Vigo, en la calle Taboada Leal, donde el Concello desestimó las alegaciones del afectado y ordenó desmontar un cenador cerrado, otro abierto y un cuarto anexo en la última planta del inmueble. Urbanismo recurrió a fotografías de Google Earth para demostrar que las construcciones tenían menos de seis años de antigüedad. Estas imágenes se aportan como prueba en el expediente al igual que ocurrió en otro edificio de la calle José Antela Conde, donde se detectó el cambio de uso de un bajo cubierta para habilitarlo como vivienda. Se recurrió a "Google Street View" para determinar el momento exacto en que cambió la configuración del inmueble y se levantó una altura más.

Los infractores se exponen a multas de entre 1.000 a 10.000 euros si no ejecutan las órdenes reiteradas de derribo. Así se le comunicó a un vecino de Camiño Freires por construir un cierre y una vivienda unifamiliar que no se ajustaban al planeamiento, a otra familia de Subida ás Ánimas (Sampaio) que habilitó un garaje con bloques de hormigón sin solicitar permiso a Urbanismo y, en la misma parroquia, en la Rúa Casal, también se concluyó que era ilegalizable una vivienda unifamiliar de 20 m2. Ya en mayo de 2016 se ordenó el derribo de una ampliación de vivienda unifamiliar y un porche en Camiño Carrazóns y se ordenó desmontar un cierre que ocupaba suelo para un vial en Camiño Freixeiro.

No son casos aislados. El pasado mes de abril los técnicos detectaron una "notoria ampliación" respecto a los planos presentados para lograr licencia en la ampliación de un chalé en la 1ª Travesía de Espiñeiro y pocas semanas antes se urgió la presentación de un proyecto de derribo a los propietarios de una finca en Camiño Pedreiras (Coruxo) por la construcción de una planta baja de 150 m2 destinada a cuadras y un almacén en suelo no urbanizable y de especial protección de ríos y junqueras. Este 2017 también se ordenó demoler una ampliación de vivienda en la calle Portela, lo añadido a otra construcción en Camiño Presiñas, una nave en Camiño Romeu y corregir el trazado de varios cierres de fincas que excedían la propiedad privada y ocupaban terreno público.

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