La Autopista del Atlántico es, sin duda, un negocio muy, muy rentable. Lo ocurrido con sus cuentas el pasado ejercicio es el enésimo ejemplo, más contundente si cabe esta vez. Porque a pesar de que la actualización anual de tarifas obligó a rebajarlas un 0,55% desde el 1 de enero de 2016, tanto los ingresos como el beneficio de Audasa siguieron al alza. La concesionaria de la principal vía de Galicia ganó 45 millones de euros, un 0,9% por encima del ejercicio anterior, según detalla en el informe que ayer envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y en el que además revela un nuevo enfrentamiento con el Ministerio de Fomento. Esta vez por la revisión extraordinaria de los peajes que ambas partes pactaron en caso de que los descuentos aplicados en los trayectos entre Vigo y Pontevedra y las obras de ampliación en Rande y en los accesos a Santiago implicaran un impacto para su balance. El departamento que dirige Íñigo de la Serna no lo incluyó en la actualización de tarifas para este 2017 y Audasa fue a los tribunales.
El consejo de administración de la empresa decidió recurrir la orden del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por la vía contencioso-administrativa en su reunión del 23 de enero. "Toda vez -asegura en su informe anual- que no se ajusta al ordenamiento jurídico". Audasa habla de varios "motivos", pero destaca la ausencia de "la procedente actualización extraordinaria de tarifas" que figura en el real decreto firmado en 2013 para modificar las condiciones de la concesión y permitir la bonificación al 100% del viaje de vuelta entre Vigo y Pontevedra a los usuarios de telepeaje.
Según ese real decreto, Audasa remite trimestralmente al Gobierno el recuento de los tránsitos con rebaja. Antes de octubre del pasado 2016, la compañía y Fomento tenían que sentarse a revisar el impacto de las bonificaciones y la inversión por los trabajos de ampliación de la autopista en el llamado "equilibrio económico financiero" de la concesión. ¿Qué es lo que significa esto? Analizar si ese importe quedará totalmente neutralizado, sin coste alguno para las arcas de Audasa, hasta el final de la concesión, el 14 de agosto de 2048. "En caso contrario, el Ministerio de Fomento, a solicitud de la concesionaria, y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos -añade el acuerdo-, aprobará una actualización extraordinaria de tarifas que garantice que antes de terminar el periodo concesional el saldo conjunto resultante de la compensación se hace cero".
En 2017 tocaba la primera revisión -habrá más, a partir de 2021, cada cinco años- y la negativa de la administración a incluirla en base a los cálculos hechos por la propia Audasa ha llevado a su cúpula a presentar el contencioso el 21 de febrero.
El beneficio en 2016 por la explotación de la AP-9 es el mayor de los últimos cinco años. "Se ha mantenido la recuperación de los niveles de tráfico que se había iniciado en 2014", reconoce la concesionaria. El paso de vehículos ligeros creció un 4,2% y un 1,24% los camiones. Los ingresos por peaje aumentaron un 3,3%, hasta los 138,6 millones de euros. Audasa achaca el alza a "únicamente" el alza de la circulación dada la caída de tarifas -un 0,55%- que estuvo en vigor durante todo el ejercicio. "En este contexto de reactivación económica -dice-, la sociedad ha continuado centrando sus esfuerzos en el mantenimiento de un servicio de calidad, especialmente en materia de seguridad de los usuarios".
El 52% de los usuarios emplea ya el telepeaje. Los dispositivos de "todo pago" suponen el 26% de los tránsitos. La progresiva automatización incide en el empleo. Audasa cerró 2016 con una plantilla de 215 trabajadores. En 2015 eran 220.
Audasa suma una deuda a largo plazo de casi 1.067 millones de euros y 2,4 millones más a corto plazo. Los gastos financieros ascendieron a 61,3 millones, 300.000 euros más que en 2015.
La inversión alcanzó, según recoge el informe, 76 millones de euros, y "se ha materializado principalmente en las obras de ampliación de capacidad de determinados tramos de la autopista" -en referencia a los trabajos en Rande y Compostela- y "en mejoras en determinados elementos de seguridad y señalización".
Para este año, en el que los peajes bajaron otro 0,37%, Audasa "prevé finalizar" las obras de ampliación. Inicialmente, el plazo era abril, aunque la concesionaria ya anunció que el proyecto se alargará hasta finales de agosto y esa fecha es, además, la que figura en el acuerdo con las constructoras. Pero Fomento toma como referencia los 36 meses que aparecen en el decreto de 2011 con el que se firmó la ampliación y coloca en febrero de 2018 la conclusión.
