Veinticuatro horas después de salir triunfantes del Congreso por el varapalo propinado al Gobierno, los trabajadores consiguen lo que vienen reclamando desde el principio del conflicto: una mesa negociadora tripartita donde estén, además de los sindicatos y representantes de la patronal de las empresas estibadoras Anesco, el Ministerio de Fomento. Desde el departamento de Íñigo de la Serna no transcendió ayer ninguna confirmación en ese sentido, sin embargo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo dio por hecho que si no el ministro en persona, algún alto cargo de Fomento liderará a partir de este martes la negociación con inicio convocado para las 16.00 horas.

"Volveremos al punto de partida", coincidían ayer fuentes sindicales, aunque sin menospreciar la oferta lanzada por Íñigo de la Serna un día antes de que el Congreso tumbase el decreto, la que proponía una prejubilación voluntaria para los trabajadores con al menos 50 años de edad cobran el 70% de su salario. Desde el colectivo aseguran que en ningún momento, al menos oficialmente, rechazaron de plano esta propuesta. Alegan que ni siquiera la valoraron por haber sido presentada en una reunión meramente técnica y sin presencia de los sindicatos, únicos legitimados para negociar un acuerdo. Así que el martes las discusiones podrían contemplar este planteamiento, "pero habría que limarlo mucho", precisan. Y tampoco será el principal. La primera reivindicación será la garantía de que tras la reforma se mantendrá el empleo para los 6.150 estibadores españoles, y hacerlo a través de la subrogación a las plantillas de las empresas estibadoras.

En paralelo a la negociación de los aspectos laborales de la reforma que no pueden figurar, según Fomento, en la modificación legal, el ministerio iniciará un nuevo proceso legislativo. Y por las explicaciones ofrecidas en una entrevista ayer en Onda Cero, De la Serna aboga por elaborar un nuevo decreto. Sin dar por tomada la decisión definitiva, el ministro avanzó que de impulsar un nuevo decreto Ley "sí tengo claro que es imposible que sea muy distinto. Porque sabemos perfectamente después de dos años de informes de la Comisión Europea lo que nos permite o lo que no nos permite".

En este sentido recordó que el decreto derogado "no es uno cualquiera". "No podemos modificar el RD Ley como nos venga en gana. Porque tiene que ser la Comisión Europea quien establezca cuales son las limitaciones como garante del tratado y la que tiene que darle el visto bueno. Si no lo hace no va a desistir de la multa y por lo tanto la segunda sentencia caerá", razonó.

El ministro incidió en que el documento que se llevó al Congreso "es fruto" de dos años de reuniones y negociaciones con las partes, y de trasladar sus sugerencias a Europa "muchas rechazadas por la Comisión". En esto se basa para decir que el decreto "está flexibilizado, entendemos ya que al máximo, con lo cual la capacidad de movernos por parte de lo que nos permita la Comisión es muy, muy limitada".