Rande celebra hoy un aniversario agridulce. Dulce, porque se cumplen justo dos años del inicio de las obras de ampliación del puente y sus accesos, una reclamación histórica de la comarca viguesa. Agrio porque, según recogía el contrato que firmaron entonces Audasa y la UTE adjudicataria del proyecto, esas mismas obras tendrían que estar ya en sus compases finales, a solo unas semanas de que se cortase su cinta inaugural, y no en plena ebullición, con el viaducto flanqueado por grúas, guindastes y con un trasiego constante de operarios. La propia Audasa ha advertido ya al Ministerio de Fomento que no prevé finalizar los trabajos antes del próximo agosto, como ya recogió FARO hace medio año.

De cumplir con ese horizonte y culminar la ampliación este verano, lo hará con un retraso considerable respecto a la fecha anunciada en 2015. El acuerdo entre Audasa y la UTE contemplaba acabar los trabajos en un máximo de 23 meses.

¿Cuándo expira ese plazo? En breve. Aunque las obras arrancaron de forma simbólica el 27 de febrero de 2015 -durante un acto institucional-, el plazo habría empezado a correr algo después, a finales de marzo, con el acta de replanteo.

Si se cuenta a partir de ese instante, la ampliación debería estar lista de forma inminente. A la vista del evidente retraso que ya acumulaban los trabajos el año pasado, Fomento advirtió a mediados de 2016 a Audasa que debía respetar el calendario acordado, aunque situaba su fin en abril de 2017.

Se termine de contar el plazo del contrato este mismo mes o el que viene, los trabajos en Rande están muy lejos de culminar a tiempo. Aunque la UTE ha instalado los refuerzos en los pilares del puente y los nuevos carriles avanzan ya desde ambas orillas, queda todavía una de las fases más delicadas: la instalación de las dovelas, claves para los nuevos tableros que sobrevolarán la superficie del mar.

Desde Fomento reconocen que el documento de adjudicación de las obras concedía 23 meses para finalizarlas, pero no valoran penalizaciones en caso de que se exceda ese período. Según apuntan fuentes oficiales del ministerio, el convenio firmado en 2011 por Fomento y Audasa, habla de tres años para acometer los trabajos. Y ese es el plazo máximo que manejan. En concreto, el documento al que aluden -recogido en el BOE del 24 de noviembre-, establece que "el plazo de construcción de las obras" es de 36 meses, "a contar desde la fecha de inicio". Si los trabajos arrancaron en febrero de 2015, -abundan desde el ministerio- ese margen no acabaría hasta dentro de un año: febrero de 2018. Hasta ahora el Gobierno siempre había fijado el final de la ampliación en los primeros meses de 2017. A mediados del año pasado el propio ministerio establecía el límite en abril.

Aunque el convenio de 2011 hablaba de 36 meses, el anuncio de licitación que publicó el BOE en mayo de 2014 rebaja ese plazo en medio año y lo fijaba en 30. Ese período de ejecución y un presupuesto de 143,91 millones fueron, de hecho, las condiciones con las que concurrieron las empresas al concurso lanzado por Audasa. La jugosa convocatoria atrajo el interés de las principales constructoras del país. Se presentaron Sacyr y Acciona, FCC con OHL, Ferrovial Agromán y Atlántica, Isolux Corsán, San José y Vías y la candidata que finalmente se alzó con el contrato: una UTE integrada por Dragados y Puentes.

Su propuesta aventajó a las del resto de competidoras, entre otras razones, por la oferta económica, que planteaba realizar las obras por 130 millones de euros; y la temporal, que bajaba a 23 meses el plazo para acometer los trabajos. En enero de 2015 el BOE hacía oficial el contrato.

Salvo por alguna cata, revisiones, un examen de los tirantes del puente... la ampliación estuvo meses congelada. La razón, como se desveló poco después, es que Audasa y las constructoras planteaban un cambiazo del proyecto original. En vez de adherir tableros exteriores, su propuesta consistía en aprovechar la estructura existente. Fomento lo rechazó e incluso el Abogado del Estado llegó a alertar de que un cambio así abriría la puerta a posibles reclamaciones de otras compañías. Pese a la negativa del Gobierno a tocar el proyecto, las obras siguieron al ralentí. Tras una investigación de Fomento para esclarecer esa parálisis, Audasa y la UTE aceleraron los trabajos.