El departamento de Sanidad abrió el año pasado 471 expedientes motivados por falta de limpieza de fincas y edificaciones en manos privadas que, sumados a los iniciados en años anteriores pero que continúan incoados, suman 913 expedientes abiertos por parte del Concello de Vigo a propietarios que no respetan la ordenanza municipal de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Las multas,tras la reciente reforma y endurecimiento de la normativa, oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros por lo que tan sólo en 2016 las sanciones impuestas alcanzaron los 146.100 euros ante el incumplimiento de los propietarios de mantener sus fincas en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad y con arreglo a las normas de protección del medio ambiente, del patrimonio histórico y su rehabilitación. Esta norma es más rígida en el caso de que las edificaciones, fincas o sus distintas partes sean visibles desde la vía pública.
Frente a los 913 expedientes que permanecen abiertos, en 2016 se archivaron un total de 115 de un procedimiento que, como admiten fuentes municipales, se prolonga en el tiempo dada la dificultad, en muchos de los casos, para localizar a los propietarios dado que, aunque no siempre, el mal estado de las fincas suele coincidir con el abandono de toda la propiedad tras el cierre de una empresa o el fallecimiento del dueño, por ejemplo. En estos casos, el expediente se publica en el Boletín Oficial del Estado abriéndose la posibilidad de que la limpieza sea ejecutada de forma subsidiaria por el Concello con cargo a los propietarios o mediante la imposición de multas coercitivas reiterables hasta lograr la ejecución de lo ordenado.
El lunes de la semana pasada, 9 de enero, el Boletín Oficial del Estado publicó los nombres de tres propietarios en Camiño Figueirido, Puerto Rico y A Salgueira que no se han podido localizar y a quienes se les impone una multa coercitiva por no ejecutar la limpieza de sus terrenos. También hizo público otro listado con cerca de una treintena de propietarios a quienes la Concejalía de Sanidad no pudo localizar para informarles del inicio de los expedientes.
En concreto, de los 913 expedientes abiertos, cerca de 600 cuentan ya con una resolución de orden de limpieza pendiente de una nueva inspección por parte del negociado de Sanidad y, en su caso, de la imposición de una multa coercitiva.
Quejas ciudadanas
Algunos procedimientos se inician de oficio si bien la inmensa mayoría comienzan tras una queja ciudadana en el teléfono de información municipal (010) o a través del Registro Municipal.
Tras recibir el aviso, inspectores del negociado de Sanidad acuden al lugar para comprobar la veracidad de la denuncia y trasladar el aviso a los propietarios de que tienen que limpiar. Si la petición se desoye, se abre expediente y los funcionarios regresan de nuevo para comprobar si persiste el estado de insalubridad y volver a requerir la limpieza. Si persiste la inacción, se impone una multa que se ha elevado tras el endurecimiento de la normativa -antes partía de los 300 euros y ahora de los 1.000- y que varía en función de si la infracción es leve, grave o muy grave. La acumulación de tres sanciones leves da lugar a una grave y lo mismo ocurre con la reiteración de tres graves, que derivan en una muy grave.
Además de la dificultad de localizar a los propietarios y los complejos márgenes entre los que se mueve la Administración local a la hora de instar a limpiar un terreno particular, la coexistencia de leyes gallegas y estatales con la ordenanza municipal publicada en 1994 y la actualización periódica de éstas -recientemente se aprobó la Ley do Solo- tampoco facilitan el trabajo de los inspectores municipales, que reciben numerosas quejas al respecto. Las mismas fuentes añadieron que además se trata de una de las demandas que con más frecuencia le trasladan personalmente los vecinos al alcalde, Abel Caballero.
Los propietarios del solar de GEA, en Coruxo, forzados a limpiar tras una década de abandono
- Uno de los ejemplos paradigmáticos de este complicado procedimiento fue la limpieza, el pasado mes de abril, de la finca que ocupaba la nave del desaparecido Grupo de Empresas Álvarez, en Coruxo. Tras la denuncia ante el Concello de la asociaciónde vecinos de la parroquia y reiteradas notificaciones a las inmobiliarias propietarias del terreno -que incluyeron la intervención de la Gerencia de Urbanismo y hasta la amenaza de que podría tratarse de un hecho delictivo-, los dueños contrataron la limpieza de la parcela, convertida en un gigantesco vertedero de escombros rodeado de maleza tras más de una década de abandono. Las labores de limpieza se prolongaron una semana y fue necesaria la intervención de maquinaria pesada dado el mal estado del terreno.
