La petición de los comerciantes de Príncipe de instalar cámaras en la zona tiene una doble vertiente: reforzar la seguridad en una de las calles más transitadas de Vigo y evitar atentados contra el patrimonio público o privado. En cuanto a la seguridad, el alcalde, Abel Caballero, insistió ayer en que no haría falta esta medida excepcional porque es una zona a la que se presta especial atención con "policías de paisano vigilando a diario".

Recurrir a la videovigilancia para garantizar la integridad del mobiliario urbano requiere realizar trámites, pero ya no es una novedad en España. Cada vez son más las ciudades que instalan dispositivos para proteger esculturas o edificios de interés.

Granada ha sido la última al lograr en febrero autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia para proteger del vandalismo el barrio del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad. Dos meses antes era Málaga la que recurría a las cámaras para frenar los destrozos en su sistema municipal de bicicletas. E Irún tiene previsto empezar en septiembre a instalar dispositivos en el casco histórico, solicitud refrendada con la firma de casi 900 vecinos y comerciantes de la zona. También se han iniciado los trámites en Las Palmas de Gran Canaria para controlar la zona comercial de Triana.

La videovigilancia ya no es exclusiva de las grandes capitales -Barcelona supera las 300 cámaras y Madrid roza las 220-, ciudades de tamaño medio empiezan a apostar por ellas para evitar daños en las zonas peatonales, las más turísticas o sus monumentos.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra informan de que la solicitud de instalar cámaras debe formularla el subdelegado, el jefe de la Comisaría o el alcalde a petición de vecinos o un colectivo. Pero hay empresas locales como Bastet Ingeniería especializada en estos sistemas que aclaran que "la tecnología hoy permite dar soluciones adaptadas a la normativa" con cámaras con planos muy delimitados de la vía pública o que solo graban en tiempo real sin almacenamiento de imágenes para que no ponga impedimentos la Agencia de Protección de Datos. Explican que es un proceso cada vez más sencillo.