Muchos cambios y de calado en el marco del caso Hormigón. Esta causa abierta en 2014 por presuntos delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos adelgaza de forma considerable después de que el Juzgado de Instrucción 1 de Vigo haya acordado el sobreseimiento provisional y parcial de la causa, como pidió la Fiscalía, con respecto a 8 de las 11 personas que constaban como investigadas: entre estos archivos están el del concejal del PP José Manuel Figueroa y el de los exediles del BNG Xabier Alonso Pérez y Eudosio Álvarez Álvarez. Frente a ello la juez rechaza el sobreseimiento para la concejala socialista Isaura Abelairas, que sigue como investigada igual que el alto funcionario Álvaro Crespo. Y con respecto a Ángel Rivas, aunque sale de este caso al acordarse sobre él el sobreseimiento en relación con una autorización de gasto de un expediente, la magistrada acuerda sin embargo incoar otro procedimiento contra él por otros hechos sobre los que se indagó pero que no tienen conexión con los que se atribuyen al resto de imputados: su participación como concejal en juntas de gobierno en las que se aprobó adjudicar obra pública a empresas, dice la juez, a las que suministraba hormigón la empresa Hormigones Val Miñor, de la que Rivas fue gerente. Pero las pesquisas judiciales siguen y, entre las nuevas diligencias que ordena el juzgado, está la declaración como investigados de tres nuevas personas: el edil del PSOE Santos Héctor, el alto funcionario municipal Francisco Javier Gutiérrez Orúe y el ingeniero del Concello Jorge Muñoz Rama.
Los tres nuevos investigados, todos por autorizaciones de gasto que dieron lugar a reconocimientos extrajudiciales de crédito, deben comparecer el 23 de noviembre, día también para la que se fijó una declaración ampliatoria de Álvaro Crespo. Con estas 4 personas, en esta causa de Instrucción 1 sigue como investigada Isaura Abelairas. La edil negó haber autorizado gastos para una serie de obras a mayores de los proyectos iniciales. Pero la juez estima que "bajo su mandato" se hicieron trabajos "ajenos a procedimiento administrativo alguno" vulnerándose "los principios de concurrencia, igualdad y publicidad", lo que deriva en hechos "que tendrían entidad penal". Y la juez dice que fue ella "quien aparece como la persona que autorizó el gasto". Entre estos trabajos "en los que se comprometen los principios rectores de la adjudicación pública" cita obras de acondicionamiento en Gran Vía y Barcelona o del entorno de Povisa.
En el auto se sobresee el caso con respecto a 8 investigados. Uno es el concejal del PP José Manuel Figueroa, defendido por el abogado Luis Orge, al estimar la juez que las obras que dieron lugar a la autorización de gasto por la que fue citado se llevaron a cabo cuando él ya no era concejal delegado de Urbanismo, con la circunstancia adicional de que el expediente inicial no cuestionado ya había pasado con anterioridad de la Gerencia de Urbanismo a otra área municipal distinta. Por el mismo motivo, archiva a Francisco Xavier Rivas. También sobresee al exedil de Deportes Xabier Alonso, representado por el letrado Tomás Santodomingo, al estimar también su "nula participación o poder de decisión" en la autorización de gasto que se le atribuyó. Y la misma decisión adopta para el funcionario José Ángel Otero Lamas.
Se archiva la causa a otro exedill nacionalista, Eudosio Álvarez, y la alta funcionaria María Gómez Janeiro. Pero sobre las obras por las que se les investigaba, pese a no ver materia penal, ordena elevar el informe del Interventor General del Estado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por si hay "responsabilidad contable" .
Y se decreta el archivo en relación a los que fueron administrador y apoderado de la antigua Movexvial, Javier Carrera y Celso Manuel Piñeiro. Lo hace ya que no fue posible probar "connivencia" entre éstos "y los funcionarios y técnicos municipales" intervinientes en la adjudicación de obras y autorizaciones de gasto por las que fueron investigados, algo que probablemente se debe "al largo tiempo transcurrido desde los hechos".
Y sobre Ángel Rivas, le exculpa en relación con la autorización de gasto por la que se le investigaba, pero ve constatado que participó en juntas de gobierno en las que resultaron adjudicatarias de obra pública empresas "que mantenían relaciones comerciales" con la empresa de la que él fue gerente, Hormigones Val Miñor. Al ser hechos de "distinta naturaleza" a los que se atribuye al resto de investigados, se incoará un procedimiento separado contra él.
La juez cita a testigos y pide al Concello la identidad "del concejal de Urbanismo y concejal del servicio de Electromecánicos (o en su caso lo que en la actualidad es Fomento) en el año 2007".
