Las llamadas a la sensatez lanzadas desde la Autoridad Portuaria para que los estibadores pactasen con la empresa un acuerdo que se tradujese en una mejora sustancial en la eficiencia y costes de su actividad ha caído en saco roto. El colectivo que monopoliza la carga y descarga de mercancías en la práctica totalidad de los muelles vigueses considera "finalizadas" las conversaciones iniciadas este mayo al poco de conocerse que la terminal de contenedores había perdido la subasta de tráficos de Maersk en favor de Marín. Desde entonces existe el temor en Praza da Estrela a que la decisión adoptada por la naviera danesa provoque la espantada de otras bajo los mismos argumentos, que es un puerto caro y rígido en horarios. En corregir estos dos aspectos se centraron las negociaciones hasta que en la tarde del miércoles los representantes de los trabajadores escenificaron ante los accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) su negativa a "ceder más".
Por primera vez desde que surgió el enfrentamiento que mantienen con la Autoridad Portuaria, el presidente del comité de empresa de la Sagep, Manuel Río, accede a explicar en FARO cómo se llegó a este último desencuentro con la cúpula de la sociedad. "Hubo una serie de conversaciones sobre mejoras y estábamos de acuerdo en algunas. Pero cedimos hasta donde podíamos ceder, y hasta ahí llegamos", razona. Llegados a este punto, Río considera "finalizados" los contactos, y así lo comunicaron a la empresa.
La cerrazón del colectivo no desalentó a los directivos de la Sagep, quienes persistieron en buscar un acercamiento. Fuentes conocedoras del contenido de la reunión del miércoles aseguraron a este periódico que la empresa emplazó a los sindicatos a que estudiaran la posibilidad de "empezar a negociar" un nuevo convenio en septiembre. Hubo respuesta, y rápida, pero no la deseada. El comité de empresa, según las citadas fuentes, contestó que prefiere esperar a que el nuevo gobierno central apruebe la nueva ley antes de sentarse a perfilar un posible acuerdo. En realidad, lo que hará el próximo Ejecutivo central consistirá en una adaptación de la actual a las directrices marcadas por la Unión Europea, cuyo Tribunal de Justicia condenó a España a liberalizar la prestación de servicios portuarios.
El presidente del Puerto de Vigo, Enrique López Veiga, interpreta la postura de los estibadores a una "maniobra más" para dilatar los privilegios de los que gozan, "y no solo por los salarios que cobran, por encima de los de cualquier otro puerto", reprochó. Nada más conocer ayer el infructuoso resultado de las negociaciones con la sociedad de estiba cargó contra los portuarios: "Se acabaron los paños calientes. Yo no voy a mirar para otro lado y a partir de ahora vamos a aplicar estrictamente la ley porque pueden hacer mucho daño al Puerto de Vigo", espetó. Como primera medida se propone reclamar a la Sagep información detallada sobre los acuerdos que regulan su actividad al sospechar de su legalidad.
Bergé pide licencia para Ro-Ro
En su intento por minimizar el monopolio de la estiba en el movimiento de mercancías, el Puerto aprobó en febrero el pliego de condiciones por el que cualquier empresa autorizada puede realizar la carga y descarga de vehículos nuevos, sin matricular, en la terminal Ro-Ro. Y ya hay una empresa dispuesta a ejercer esta actividad hasta el momento desarrollada en exclusiva por los estibadores. Bergé Marítima S.L. dispone desde ayer de "licencia comercial" para la prestación de estos servicios portuarios en Bouzas. Sin embargo, el citado pliego reserva para la Sagep un "derecho de tanteo", como lo definió ayer Veiga, por el que Bergé estaría obligada a consultar con la Sagep cualquier operación de manera que si presenta una oferta igual de competitiva "en costes y calidad" acabaría teniendo prioridad en su ejecución. Operadores portuarios consultados por este periódicio afirma que la medida "no liberaliza nada en absoluto". Es más, la califican de "mera formalidad e inviable".
