Un juzgado anula la resolución del Chuvi por la que traspasó 67 trabajadores a la concesionaria

Falla que la Gerencia del área carece de competencia para ofrecerles el cambio al saltarse la elaboración previa de un plan de ordenación de sus efectivos y la negociación colectiva

13.11.2015 | 02:25
Personal no sanitario afectado por la privatización de estos servicios exigieron en octubre de 2014 información sobre su futuro con un intento de encierro. // Xoán Álvarez

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo ha anulado la resolución por la que la Gerencia del área sanitaria de Vigo ofreció su integración en la concesionaria del nuevo hospital a los alrededor de 300 empleados públicos afectados por la privatización de servicios no sanitarios. A ella se acogieron 67 trabajadores temporales, cuya situación queda ahora en el aire. El magistrado, que estima el recurso presentado por CCOO, falla que para que la Administración pudiera hacer esta oferta, tendría que haber elaborado antes un plan de ordenación de sus recursos y abrir un proceso de negociación colectiva. La sentencia no es firme y Sanidade ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Superior de Galicia.

Con la concesión de la obra de construcción del nuevo hospital, el Sergas entregó a la UTE la gestión de todos los servicios no sanitarios durante 20 años. Así, se privatizaron servicios para los que disponía de plantilla propia, como los de lavandería, mantenimiento (Xeral y Nicolás Peña), cocina (Xeral)... En total, unos 350 puestos. En el contrato, la concesionaria había asumido la obligación de contratar a los que quisieran continuar con su trabajo en la privada, pero "respetando su categoría profesional, antigüedad y condiciones económica", pero la administración le debía comunicar quiénes lo harían seis meses antes de que terminarán las obras.

Cinco meses antes de que se entregaran las llaves de la obra, el 28 de noviembre de 2014, el anterior gerente, Mario González, firmó la resolución ahora anulada. En ella se ofrecía a los fijos (208) integrarse en la privada o mantenerse dentro de la pública pero en otras categorías, como celadores. Todos se acogieron a la segunda opción. A los 67 interinos y contratados para servicios determinados solo les daba la opción de incorporarse a la concesionaria. No se incluyó al resto del personal eventual -medio centenar, según estimaciones de los sindicatos-, que se quedó en la calle por amortización de la plaza.

El magistrado entiende que bajo esta resolución subyace "una reordenación de recursos humanos" que, además, implica una "reducción de empleo sufragado con fondos públicos". Por tanto, antes de emitirla, la Administración debería haber realizado un plan de reordenación de su plantilla y abierto una negociación colectiva, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco y la Ley de Salud de Galicia. La sala concluye que no se ha seguido "el procedimiento legalmente establecido", por lo que la Gerencia carece de "competencia" para dictar esa resolución.

El Sergas defiende que la resolución sí está avalada por una planificación de la redistribución de efectivos. Sin embargo, esta se realizó con posterioridad -en julio de 2015- y, según destaca la sentencia, "no es totalmente coincidente" con la resolución ni en cuanto a las categorías afectadas y ni a las consecuencias derivadas de la opción. El magistrado reprende a la Administración por no haberlo hecho antes: "Desde la fecha de la adjudicación hasta la conclusión de la ejecución de la obra pública, medió tiempo más que suficiente (notoriamente, más de seis meses) para abordar la situación prevista e implementar el procedimiento administrativo oportuno".

La publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia el 4 de diciembre de 2014 sorprendió a los sindicatos, que habían sido convocados ese mismo día a una mesa sectorial para abordar la cuestión. De hecho, lo tildaron de "traición" e "insulto", al entender que había muchos temas pendientes que negociar. Uno de ellos es la situación en la que se dejaba a los eventuales que sustituían las reservas de plaza. A pesar de que algunos llevaban hasta 12 años en el puesto, se les dejó en la calle. Tampoco se fijaba ninguna garantía de estabilidad mínima para los que se pasaban a la privada.

Los sindicatos debatieron ayer sobre la situación en la que se quedan estos 67 trabajadores tras la sentencia, sin llegar a una conclusión. quince de los de lavandería aún se integraron esta semana.

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