La juez de la sala de Instrucción número 7 de Vigo ha desimputado al interventor municipal, Luis García, y a su predecesor en el cargo, Juan Ramón González Carnero, en la causa por presunta prevaricación en la fiscalización de varios contratos del Concello con la antigua concesionaria de los centros cívicos, la empresa Imesapi. En un auto firmado el lunes, la magistrada declara el sobreseimiento provisional y parcial respecto a los dos altos funcionarios al no ver indicios de delito que justifiquen continuar con su imputación. El Ministerio Fiscal no se ha opuesto a ello mientras que la plataforma denunciante, Xuntos, mostró su rechazo.

Los dos altos funcionarios fueron imputados por una posible "deliberada omisión de sus deberes de control y fiscalización interna" en relación a nueve contratos menores firmados entre el Concello e Imesapi entre 2008 y 2013. Tras escuchar su declaración la juez, María del Carmen García Campos, concluye que "no se concitan de forma suficiente indicios" que acrediten esa omisión deliberada. Para ello tiene en cuenta, además de la explicación de los interventores sobre el alcance de su actuación, el "elevadísimo volumen de contratación anual" del Concello que tuvieron que fiscalizar.

Ambos funcionarios declararon ante la juez el 20 de abril, al igual que el jefe de servicio de Empleo y Desarrollo Local, Francisco Gutiérrez Orúe, y Vanesa Falque, empleada durante años en la empresa concesionaria y cuñada de la primera teniente de alcalde, Carmela Silva. La juez prosigue las diligencias respecto a estos dos imputados.

El próximo 14 de mayo declararán dos empleados de la antigua concesionaria. La plataforma Xuntos, además de considerar "prematura cualquier conclusión" respecto a la actuación de los dos funcionarios ahora desimputados, pidió en el mismo escrito varias diligencias de investigación, entre ellas la comparecencia de nueve personas, tres de ellas concejales de la Corporación. La magistrada, en una providencia en relación a la solicitud, deniega este último punto. "Habiéndose acordado por este juzgado la testifical de los representantes de Imesapi, que pueden dar directa razón de los hechos, procede esperar a lo que de dichas declaraciones resulte antes de resolver sobre la procedencia de citar a otros testigos", expone la juez. Respecto a la solicitud de documentación accede con una serie de precisiones.

La imputación de los dos interventores y del jefe de servicio del área de Empleo dio pie a una polémica política en el Concello al pedir el PP un pleno extraordinario al respecto. El secretario municipal, José Riesgo Boluda, emitió un informe desfavorable señalando que, de producirse esa sesión, los funcionarios quedarían expuestos en situación de indefensión, ya que la imputación no presupone "culpabilidad o presunción de culpabilidad", lo que podría causar prejuicios a su imagen cuando cabía la posibilidad de que fuesen desimputados, como ha ocurrido ahora con los dos interventores. Posteriormente el grupo mayoritario de la oposición presentó una segunda solicitud en la que planteaba un debate genérico sobre contratación, y el pleno llegó a celebrarse.