La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) hace pública su "preocupación" por las condiciones en las que la Xunta acaba de adjudicar este servicio en todos los tribunales gallegos a la empresa que presentó la oferta más baja y "sin exigir ningún requisito relativo a la calidad y a la capacidad" de los profesionales.
El colectivo, que firma un comunicado conjunto con la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) y la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación (CCDUTI), llama la atención sobre el hecho de que se haya tenido que realizar un informe para justificar la bajada anormal de tarifas de la empresa que se hizo con el concurso, Atlas Servicios Empresariales, y que ha dejado fuera a Seprotec, la anterior concesionaria.
La APTIJ, que reúne a los profesionales que trabajan en tribunales de toda España, recuerda que la licitación ignora la directiva europea 2010/64, de obligada transposición y cumplimiento en España desde octubre, y considera que la licitación constituye "una distorsión" de las tarifas profesionales actuales.
"Consecuencias graves"
Esto conlleva, añaden, la contratación de "personas no cualificadas" para desempeñar un trabajo que "requiere de una sólida formación en traducción, interpretación, idiomas, derecho comparado y medicina forense, entre otros campos del saber, para garantizar la profesionalidad y la calidad en la prestación del servicio".
La APTIJ denuncia que "se aparta a muchos profesiones con formación y trayectoria reconocida" que se han formado, en su mayoría, en universidades públicas. "Y luego ven cómo se les niega el trabajo en condiciones dignas en la propia Administración", lamenta.
La asociación advierte a la Xunta que la licitación puede tener "consecuencias muy graves" sobre la operatividad de los juzgados y la propia impartición de justicia.
