"Cuando se produce un plagio como el que sufrimos nosotros, más que daño económico, hay sobre todo un daño personal; porque lo que ves pirateado es algo que has hecho tú". Quien habla así es Santiago Viso. Con su socio Edelmiro González, son los responsables de Asesoría Informática Gallega (AIG) y los creadores del Classicfashion, programa informático destinado a la gestión del sector textil que fue objeto de pirateo. El juicio por este caso, precedido por una larga investigación, ha desembocado en la condena de los que a tenor de la juez fueron los responsables de este delito contra la propiedad intelectual: dos empresarios, entre ellos el presidente de Texvigo José Antonio B.F., y un informático que cooperó con ellos. Los dueños del software valoran "satisfechos" que la justicia les haya dado la razón y certifique sin fisuras el plagio. Su abogado, Víctor Salgado, destaca también esta "contundencia", pero se queda con la sensación "agridulce" de que solo se valorase en 125.000 euros el perjuicio económico por el pirateo: "Nosotros pedíamos dos millones de euros y en otros países con más tradición en propiedad intelectual, como EE UU, nuestra pretensión sería lo mínimo que se habría impuesto".

La juez sentencia a un año de prisión a tres de los ocho acusados. Lo hace a una pena que está por debajo de las solicitadas por la Fiscalía y por el letrado de los demandantes. Las acusaciones y los abogados defensores de los condenados deberán valorar ahora si presentan recurso. "Estoy en desacuerdo con la condena a mi cliente, pero la decisión aún no está adoptada", afirmaba ayer Fernando Rubianes, abogado de Alejandro Pastor P.J., el empresario sentenciado junto al presidente de Texvigo.

Mientras también valoran una posible apelación ante la Audiencia Provincial, los creadores del Classicfashion insisten en la importancia de que se haya reconocido "la culpabilidad" en este asunto. Y esperan sobre todo que casos como este despierten en la ciudadanía mayor conciencia sobre el valor de la propiedad intelectual o la propiedad industrial. "En España no la hay, pese a que son las generadoras de riquezas de países desarrollados", dice Santiago Viso. Como hizo ante la juez, describe que lo que sufrieron ellos fue "un expolio". "Fue un producto en el que invertimos tres años de trabajo", afirma.

Su abogado insiste en esta labor de creación y en este esfuerzo, también reconocidos por la juez en la sentencia, para destacar la importancia de la propiedad intelectual. Juicios como el que hubo en Vigo, en los que se aborda el plagio de un software de estas características, son muy escasos en España. Y pese a que la cuantificación económica del perjuicio no es la que considera más ajustada, Víctor Salgado, especializado en derecho de las nuevas tecnologías, admite que era uno de los aspectos más "complejos" del caso y reconoce además que esta sentencia es una de las que realiza una valoración monetaria más alta de las dictadas en todo el país. "Poco a poco se va reconociendo este aspecto, pero queda mucho camino por recorrer", concluye.