Las siete familias que residen en la séptima y octava planta del edificio de Churruca con orden de derribo parcial tendrán que empezar pronto a preparar las maletas para mudarse a otras viviendas al menos durante tres meses. La demolición instada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) -a raíz de una sentencia por incumplimiento de licencia- afecta en una primera fase al 9º y al 10º, pero los ocupantes de los dos niveles inmediatamente anteriores están obligados a abandonar el bloque por seguridad durante las obras. La fecha fijada por el Concello para el desalojo es el 1 de junio.

El derribo está encargado desde hace un año y medio a la empresa Copcisa, pero quedó en suspenso hasta que el Supremo resolviese el recurso de casación interpuesto por el promotor, Churruca Vilas e Promocións S.A. El alto tribunal lo desestimó en marzo, reactivándose así el proceso. Empresa, Concello y vecinos se reunieron en días pasados para organizar los preparativos y los técnicos de la contrata ya examinan el inmueble.

En el séptimo residen cuatro familias y en el octavo tres, pero la obra tendrá repercusión en todo el edificio ya que el derribo afecta a las redes de suministro eléctrico, el agua y el ascensor. La empresa deberá preparar un plan de reposición de los servicios para tratar de causar el menor perjuicio posible. "Esperemos que no nos quedemos sin luz ni agua y que las molestias sean mínimas", explica Camilo Fernández, presidente de la comunidad.

Los técnicos entrarán en algunas de las viviendas desalojadas para apuntalar. En principio la duración de la obra es de tres meses, aunque podría prorrogarse. Tras ejecutarse esta fase quedaría pendiente una segunda de consecuencias mucho mayores para los vecinos. Afectaría parcialmente del cuarto al octavo, eliminando espacios de algunas de las viviendas y obligando a desalojar todo el inmueble durante al menos un año. Los técnicos del Concello ya advirtieron de la complejidad de esta etapa, sin excluir que pueda provocar daños estructurales en el bloque. Su ejecución o no dependerá de lo que dicte el Tribunal Superior.