Tras el tasazo, el arancelazo. La privatización del Registro Civil, una ley en fase de anteproyecto, ha suscitado el rechazo de los seis sindicatos judiciales, que hacen una llamada a la ciudadanía para que mañana participen en una manifestación ante los juzgados y para que sumen su rúbrica a una campaña de firmas que arranca el jueves. Con estas medidas, quieren alertar sobre las consecuencias de esta reforma. Además del pago de aranceles a los registradores de la propiedad por la emisión de "certificaciones que hasta ahora eran gratuitas", así como por la celebración de bodas civiles por parte de los notarios, también advierten sobre la "centralización" de un servicio como el Registro Civil que ahora funciona en todos los municipios. La ley limitará estas oficinas a las capitales de provincia y a algunas ciudades, entre ellas Vigo, y los sindicatos advierten de que los registradores de la ciudad olívica -apuntaron que en Vigo hay cinco registros- asumirán la actividad de todo el sur de la provincia.

En los pueblos las gestiones del Registro Civil las hacen los juzgados de Paz. "Esto supondría prácticamente la desaparición de estos juzgados", advirtieron ayer los sindicatos, señalando que a esta "centralización" se une la propuesta de una comisión de expertos relativa a la LOPJ sobre los tribunales de instancia, que tendrían ámbito provincial y conllevarían la desaparición de partidos judiciales y juzgados. "Hacemos una llamada a la ciudadanía y a los alcaldes para que se movilicen", afirmó Pablo Valeiras, de CC OO. "Todo va en la línea de centralizar la Justicia y alejarla de los ciudadanos", prosiguieron.

Sobre el Registro Civil, al hecho de que con la privatización los ciudadanos "deberán pagar" por las certificaciones de nacimientos, defunciones, matrimonio, etc., los sindicatos dijeron que con la centralización los ciudadanos "tendrán que desplazarse" o "encargar la gestión a gestorías", un gasto que se sumaría al arancel. Y también alertaron de las consecuencias para los 200 funcionarios de los Registros Civiles de Galicia, 17 en el de Vigo. Temen que los trabajadores sean desplazados de ciudades para cubrir plazas en otros juzgados.