La Xunta descarta definitivamente emplear en la Cidade da Xustiza los fondos asignados este año a la obra, que se ejecutaría a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI). La delegada autonómica en Vigo, María José Bravo Bosch, anunció ayer que "el plazo expiró", en referencia a que el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, había marcado como fecha tope para que el Concello cediese los terrenos los tres primeros meses del año. El alcalde, Abel Caballero, defendió por su parte de nuevo la propuesta que lanzó en enero para llegar a una solución. Ésta pasa por que el Concello entregue gratis una parcela tasada en 1,2 millones y la Xunta adquiera el suelo restante, valorado en 3,7 millones, con el compromiso municipal de devolver en el futuro la cantidad y "cooperar con los intereses". "Le estoy enviando una nueva carta al presidente [Alberto Núñez Feijóo], que está mostrando un interés nulo y vocación de no atender las necesidades de la Cidade da Xustiza de Vigo", lamentó el regidor.
Bravo Bosch recordó que la Xunta lleva tres años reservando fondos para la dotación judicial –había 15 millones adscritos al SPI– y culpa al Concello de que la infraestructura siga bloqueada. "A menos que el viernes o el sábado el alcalde haya transmitido por registro que acepta la cesión de los terrenos desgraciadamente, y con mucha tristeza, tengo que decir que el proyecto no será posible por ahora para Vigo, porque el plazo terminó", expuso la delegada autonómica. Portavoces de la Consellería de Presidencia ratificaron las palabras de Bravo Bosch horas después y dan por descartada la inversión para este año. El titular del departamento, Alfonso Rueda, había manifestado tras aprobarse el Presupuesto autonómico de 2012 que la Xunta destinará la partida a otra finalidad si el Concello no ponía a su disposición el suelo para iniciar la obra antes del mes de abril.
El alcalde se niega a que los terrenos que hay que expropiar –tasados en 4,9 millones pero en los que existe una parcela de 1,2 propiedad del Ayuntamiento– se paguen con fondos municipales. Ayer insistió en su planteamiento, reprochando al presidente de la Xunta que no haya contestado. "Le estoy enviando una carta reiterando que nos debe la contestación a la oferta que le hicimos para ubicar la Cidade da Xustiza en el suelo previsto por la Xunta", comentó Caballero, para agregar: "En ella aportamos de forma gratuita la titularidad y los terrenos por valor de 1,2 millones, proponíamos que adquiriesen el resto que le será reintegrado cuando se desarrolle el ámbito urbanístico, porque lleva las cargas de ese espacio, y le ofrecíamos nuestra colaboración para el pago de los intereses de los 3,7 millones que la Xunta tendría que pedir con un crédito". Caballero reprobó que "de esto ha pasado bastante tiempo y el presidente sigue sin contestar", y consideró que "al menos podría haber tenido la cortesía de responder a la propuesta del alcalde de la primera ciudad de Galicia". Recuerda el regidor además que hace siete meses solicitó a Feijóo una entrevista, que sigue sin celebrarse. "Parece no disponer de tiempo. Él sabrá cuáles son sus prioridades. En todo caso tiene una propuesta para hacerse con los terrenos en los que construir la Cidade da Xustiza y, a día de hoy, seguimos sin respuesta", añadió.
El proyecto para construir la infraestructura la sitúa en una parcela al lado de los dos edificios judiciales de la calle Lalín. La construcción del complejo acumula ya años de retraso, puesto que cuando se presentaron sus características, durante el gobierno bipartito en la Xunta, se estimó que estaría en funcionamiento en 2010. Hoy aún no se ha expropiado el suelo. El conselleiro de Presidencia reclama desde finales de 2009 a Caballero que lo ceda, al igual que han hecho los ayuntamientos de las demás ciudades de Galicia, mientras que el alcalde vigués defiende que "es una competencia exclusiva de la Xunta" y ofrece cooperar, pero no asumir el coste total de las parcelas.
El Parlamento aprobará la próxima semana la Ley del área Metropolitana mientras el PP permanece "abierto" a acuerdos
El Parlamento de Galicia dará luz verde en un pleno la próxima semana a la Ley del área metropolitana de Vigo. Así lo avanzó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy Fraga, quien asegura que la creación del ente supramunicipal "no representa costes adicionales para los ciudadanos y se constituirá con competencias de las tres administraciones y la cesión de los recursos económicos equivalentes para su prestación".
Puy defendió además que la propuesta de norma llega "con mucho consenso" tras haber incorporado el 40% de las enmiendas planteadas por la oposición. El portavoz del PP recordó en cualquier caso que el dictamen de la ponencia fue aprobado en comisión con los votos favorables de su partido, el rechazo del PSOE y la abstención del BNG. Una circunstancia que le lleva a "mantener la puerta abierta" para alcanzar nuevos acuerdos.
El PP local, por su parte, acusó ayer al alcalde, Abel Caballero, de "boicotear" el Área "por su propio interés político". "Ninguna entidad de estas características funciona como sugiere el regidor vigués", argumentan desde el PP en alusión a la propuesta de que el ente esté presidido por el regidor de la capital, Vigo, y no por cualquiera de los 14 alcaldes que la integran a través del consenso, como recoge la propuesta del PP. "Si Caballero quiere liderar el Área ha de buscar el consenso", zanjan desde el PP.
