Un rechazo frontal. Es la postura que mantiene el gobierno local hacia el documento elaborado por la Consellería de Infraestructuras como borrador para el convenio del futuro plan de transporte metropolitano.

Fuentes oficiales de la Alcaldía indicaron que "no estamos dispuestos a pagar nada que no sea para los ciudadanos de Vigo" y lo ejemplifica con la cuota que, según el borrador del convenio, le correspondería abonar, una cantidad de 715.000 euros en un periodo de seis años para compensar la rebaja del precio del billete del transporte interurbano entre Vigo y los concellos de la comarca. En ese mismo periodo, la Xunta se haría cargo de 21,4 millones de euros para todos los municipios incluidos en la red metropolitana. A cada uno de los demás concellos también se les asigna, en el borrador del convenio, una cantidad concreta en el mismo periodo de tiempo.

El gobierno local esgrime como argumento que en estos momentos abona una cantidad de 8 millones de euros al año para financiar a Vitrasa por el funcionamiento de la tarjeta verde y lo considera una cantidad "muy importante".

Las mismas fuentes señalaron que "no podemos aumentar mucho más el dinero que se abona por el transporte público y menos pagar por los servicios que emplearían los ciudadanos que no están empadronados en Vigo, aunque trabajen aquí; nuestra política actual es beneficiar y primar a quienes están empadronados en el municipio y pagan aquí sus tasas e impuestos".

El texto del último borrador elaborado por la consellería para el transporte metropolitano fue remitido esta semana a los diez concellos que entrarían a formar parte del plan –Vigo, Nigrán, Baiona, Gondomar, Mos, Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Moaña y Cangas– para su estudio y presentación de sugerencias o alegaciones al documento en el plazo de un mes.

Un plan que el propio departamento de Agustín Hernández reconoce que no está ligado al proyecto de ley del área metropolitana, que también gestiona la Xunta en estos momentos con los concellos que integran la mancomunidad –doce– a los que se añaden Cangas y Moaña.

En el documento elaborado por la Dirección Xeral de Transportes, se divide por zonas el territorio al que afecta el plan, en lugar de por municipios. Los precios de los distintos servicios están en función de los pasos –"saltos" en el texto– que hay que dar para viajar de una zona a otra. Los diez concellos del plan se integran en cinco zonas diferenciadas.