S.P.
Comisiones Obreras denuncia la marcha de cinco investigadores contratados por la Universidad de Vigo a través del programa Isidro Parga Pondal una vez agotados los cinco años de financiación de la Xunta. El sindicato critica que la institución incumple el objetivo de este plan, que es la incorporación de personal "de forma estable" al sistema de I+D+i y la consolidación de la carrera investigadora en Galicia.
"Se pretendía reincorporar a gente que estaba en el extranjero y algunos dejaron buenos puestos para venirse", subraya la responsable de Universidad de la Federación de Ensino de CC OO, María Luisa Sánchez.
El programa se implantó en 2003 y está dirigido a investigadores "altamente cualificados" cuyas plazas son financiadas por la Xunta durante cinco años para que las universidades las consoliden después laboralmente. "Cuando terminan este plazo, en lugar de contratarlos los están echando a la calle en Vigo y A Coruña", denuncia Sánchez.
El sindicato también se refiere a la "constante falta de rigor" y la "irresponsabilidad" con la que ambas universidades han elaborado sus plantillas. "En el sistema gallego no existe la figura del investigador, sólo la de docente. Ahora ya se ha corregido, pero durante años las universidades contrataron personal a través del Parga Pondal para áreas en las que ya había muchos docentes y, por tanto, no se podían crear nuevas plazas.", explica.
Los responsables universitarios han tratado de dar salida a estos investigadores a través de programas propios de consolidación laboral, pero desde CC OO les reprochan que no se negocian con los representantes de los trabajadores y aseguran "no entender ni compartir" los criterios por los cuáles los rectorados fijan el número de plazas.
Otro de los problemas relacionados con el programa Isidro Parga Pondal es la falta de reconocimiento de la figura de los contratados. "Vigo fue favorable a incluirlos en el convenio colectivo del Personal Docente e Investigador, pero de momento esto no se ha hecho. Y en A Coruña tuvo que haber un contencioso administrativo para que los reconociesen como miembros de derecho de los departamentos. Los ven como algo ajeno", lamenta Sánchez.
