El término gallego que mejor define la situación del Casco Vello es esmorecer, pues los vecinos ven cómo desfallecen decenas de construcciones abandonadas desde hace décadas. El mayor problema del barrio es que el 57 por ciento de los inmuebles están desocupados, lo que explica la escasa aportación de la iniciativa privada a su esperada rehabilitación. El primer intento serio de hacer frente al problema fue la aprobación en 2007 del Plan Especial de Reforma Interior (Pepri), la radiografía más exacta de su situación urbanística hecha hasta el momento y que incluye alrededor de 150 construcciones en estado ruinoso y otras 50 con necesidad de reformas.

Los tres incidentes registrados en apenas una semana en Bouzas, con un herido grave tras el derrumbe de una vivienda, y calle Real y Herrería, cerradas todavía al tránsito de peatones, han puesto en alerta a los vecinos y al Gobierno local, que reconoció públicamente tener sometidas a vigilancia 12 casas con riesgo serio de desprendimientos. No son los únicos pero sí los casos más graves, a los que se suman decenas por todo el conjunto histórico, desde el Berbés hasta San Sebastián.

El Pepri Casco Vello contabiliza 930 construcciones repartidas en 73 calles. Fuera de los núcleos de actividad como Porta do Sol, Praza da Constitución, Cabral o el Paseo de Alfonso, son excepciones los viales con todos sus edificios en buen estado. Apenas una docena. En el extremo opuesto por su grave deterioro figuran calles como Herrería, con una veintena de inmuebles en "muy mal estado-ruina" o Santiago, con otros trece, a los que se suman viejos edificios apuntalados en San Sebastián, Subida ao Castelo, Perigos o Canellón do Estreito, entre otras muchas.

Frente al despegue de los cascos históricos de Ourense o Pontevedra, el de Vigo ha tardado en tomar protagonismo. Un intento claro por sacarlo del ostracismo urbanístico fue la creación en 2005 del Consorcio Casco Vello, una iniciativa pública de la que empiezan a verse ahora sus frutos. En cuatro años ha colaborado económicamente en la rehabilitación de catorce edificios y acaba de conceder subvenciones a otros ocho, mientras continúa con la compra de viviendas en ruinas para recuperarlas.

Muy lentamente, la iniciativa pública avanza, mientras la privada apenas se percibe. El mismo teniente de alcalde, Santiago Domínguez, hacía esta semana un llamamiento a los particulares para que reformen sus inmuebles o al menos garanticen la seguridad de los mismos, pues el Concello no puede asumir la expropiación de todas las construcciones en mal estado.

Degradado y con una población muy mayor, el barrio se fue vaciando por zonas y los antiguos inquilinos apenas se molestaron por conservar sus casas. Prueba de esta desidia son los datos de la Oficina de Rehabilitación, donde sólo consta la reforma de 23 edificios completos en once años a iniciativa de particulares, cuatro desde 2005. El número total de ayudas tramitadas en el centro desde 1998 son 495, que se reparten entre reformas interiores en viviendas, rehabilitaciones integrales y mejoras en elementos comunes.

Los particulares acometen trabajos de mejora en edificios ocupados, pero resta otra mitad de inmuebles vacíos en los que hasta ahora son el Concello y la Xunta a través del Consorcio los que actúan, y muy poco a poco por la escasez de fondos. Este año la oficina viguesa de rehabilitación cuenta con 513.078 euros en ayudas para obras de mejora de las que se han completado 39.