El juez ha decretado libertad con cargos para los dos estudiantes detenidos el viernes por su participación en los altercados contra la presidenta del PP vasco, María San Gil. A Santiago Barro Miñones y Sergio Piñeiro, ambos militantes de la organización independentista Agir, se les imputan delitos de injurias, amenazas, desorden público y atentado. Los dos jóvenes quedan obligados además a comparecer en el juzgado cada quince días.

De momento sólo han sido detenidos estos dos estudiantes, pero la Policía tenía el viernes identificados a otros dos jóvenes y continuaba las averiguaciones para comprobar si alguien más se había visto involucrado en el intento de agresión a la presidenta del PP vasco, de manera que se podrían producir más arrestos en las próximas horas.

Santiago Barro Miñones fue detenido el viernes a primera hora de la mañana y su compañero Sergio Piñeiro por la tarde. Ambos pasaron la noche en la comisaría de Santiago hasta que en la mañana de ayer fueron puestos a disposición judicial. Decenas de estudiantes se concentraron ante las puertas del juzgado para mostrar su apoyo a los dos independentistas arrestados. "Stop repressom contra o estudantado", era una de las consignas que se podía leer en las pancartas que portaban.

Tras prestar declaración durante tres horas y media ante el juez, los dos jóvenes, uno estudiante de Derecho y otro de Económicas, mostraron su agradecimiento a los compañeros que se habían desplazado ante los juzgados para apoyarlos. "Estoy muy orgulloso. En la universidad hay ente preparada para responder a la invasión de estos elementos que no tienen nada que aportar a la vida académica", advirtió Sergio Piñeiro en alusión a María San Gil.

Ninguno de los dos universitarios detenidos se siente culpable de los hechos que se les imputan y se quejan de que son objeto de "una campaña mediática y judicial" en su contra agravada por la proximidad de las elecciones generales.

Los dos jóvenes militantes de Agir anunciaron además su intención de presentar una denuncia en los juzgados contra los escoltas de María San Gil por agresión y por la introducción de armas en un recinto de la universidad que, según aseguran, está prohibido.