El comité de huelga de Justicia, en el que participan activamente solo cuatro de los siete sindicatos del sector, decidió ayer por mayoría, ya que la CIG se opuso, suspender el paro con objeto de "buscar nuevas formas de presión para la resolución del conflicto", al tiempo que urgen a la Xunta a retomar las negociaciones. Los representantes sindicales tomaron una decisión "oficial" que en la práctica ya la habían determinado los propios trabajadores, primero votando el lunes en asambleas a favor de interrumpir el paro en el arranque el cuarto mes, y ayer, acudiendo en masa a sus puestos de trabajo y rebajando el seguimiento del paro a menos del 4% -155 funcionarios de un total de 2.700-. Con el conflicto en lo que parece su recta final, uno de los retos pendientes es cómo aliviar el atasco en la actividad judicial tras 90 días de huelga, para lo que, según diversas fuentes, se necesitará al menos un año de plazo. Sobre la mesa hay más de 25.000 juicios suspendidos y otras 60.000 actuaciones paralizadas.

La recuperación de la normalidad se encomienda a un plan de trabajo que diseñarán la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre el que también hay disputas con el comité de huelga. Los sindicatos quieren que esas horas extra para desatascar el tapón se destinen solo a los trabajadores que secundaron los paros, con el objeto de que así puedan recuperar parte del descuento en las nóminas, pero la Administración autonómica sostiene que el plan es para todos los empleados.

La Xunta y los sindicatos no se atreven a poner un plazo para la vuelta a la normalidad de la actividad judicial, dado, entre otras razones, que el conflicto aún no está cerrado y la espadas todavía lucen altas. Pero el Consello da Avogacía Galega sostiene que al menos hará falta un año para recuperarse del atasco provocado por la huelga. Lo que no impedirá, como advierte su presidente, Félix Mondelo Santos, que haya juicios postergados hasta el año 2020 o 2021, como ya hay algunos en Lugo, pero debido a razones puntuales de un determinado juzgado que se han visto agravadas por el paro.

En este aspecto coinciden los sindicatos consultados, que habrá juicios que se tengan que celebrar en el año 2020.

El temor de los abogados es que una vez reincorporados los trabajadores a sus puestos, se proceda al envío masivo de notificaciones pendientes, lo que provocaría una saturación de los despachos de letrados, sobre todo si además conllevan solicitudes de plazo. Por ello, el Consello de la Avogacía pide que sea una recuperación de la actividad escalonada.

Pero para llegar al plan de recuperación, primero se tiene que cerrar el conflicto, que aún no lo está. El comité de huelga, con el voto a favor de USO, CUT y STAJ, decidió ayer interrumpir el paro. La CIG votó en contra, pero asume el acuerdo.

Estas son las cuatro centrales que participaron en la reunión de ayer en Ourense, dado que CCOO se ha desvinculado y CSIF y UGT, que sí forman parte, decidieron no acudir tras la bronca jornada del 27 de abril en la que se sometió a consulta de los trabajadores si se aceptaba la oferta económica de la Xunta y se desconvocaba la huelga. Precisamente CUT, STAJ y la CIG fueron los sindicatos contrarios a llegar un acuerdo y los que más presionaron en su momento, lo que hizo saltar por los aires la unidad sindical, y ahora CUT y STAJ defienden la suspensión del paro.

Fuentes de la CIG aseguraron que la reunión no solo fue larga sino también tensa, ya que esta organización no era partidaria de suspender el paro, al tiempo que insisten en la vía del laudo arbitral.

En todo caso, la CIG acepta el acuerdo en el que el comité de huelga urge una reunión con la Xunta y hace un llamamiento a UGT, CSIF y CCOO para que "ejerzan su responsabilidad" como integrantes del comité. CSIF y UGT, por su parte, dudan del encaje legal que tiene el concepto de "interrupción", toda vez que la huelga sigue convocada.

La Xunta, por su lado, mantiene la misma oferta de hace 11 días, con subidas salariales de entre 122 y 140 euros al mes en función de la categoría laboral.