Hoy se cumplen dos semanas desde el inicio del paro y las posturas de la Administración y de los representantes de los 2.700 trabajadores afectados, lejos de aproximarse, se alejan todavía más. De hecho, desde el comité de huelga aseguraron ayer, tras otras cinco horas de negociación infructuosa en Santiago que se sumaron a las nueve del día anterior, que "el conflicto está como estaba el primer día, más abierto que nunca", como sintetizó en nombre del comité Pablo Valeiras (Alternativas na Xustiza-CUT). Lo demostrarán en la manifestación convocada para este sábado en la capital gallega.
El maratoniano pulso que echaron los representantes de la Xunta con los sindicales se ponía ayer en pausa y sin fecha concreta para retomar las conversaciones después de que los sindicatos anunciasen que se levantaban de la mesa con la demanda de una nueva interlocución para desbloquear el conflicto. "A partir de ahora el comité de huelga no volverá a ninguna reunión mientras esté este señor dirigiendo la negociación", avisaron, en relación al director xeral de Función Pública, José Mar al que tacharon de "usurpador de la Justicia" y "dinamitador" de la negociación. Recalcan que, mientras esté él, no van a sentarse.
Para los representantes de los trabajadores, Barreiro, quien acudió a las reuniones con el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, no es la persona "adecuada". Le reprochan su "actitud" y desconocer "cómo funciona la Justicia". "No podemos asumir es que él no asuma su trabajo de buscar soluciones al conflicto", señalan, a pesar del mandato del Parlamento gallego que recordaba ayer Luís Villares, portavoz de En Marea durante una visita al comité para mostrarles su "respaldo" a lo que ve unas "justas reclamaciones" y reivindicar que el vicepresidente, Alfonso Rueda, se ponga "al mando" de la negociación.
Con un conflicto más enquistado que nunca, para los sindicatos es "imprescindible" un mediador o "luz y taquígrafos" para una negociación "real" y lograr el fin de la "discriminación". Del lado de la Xunta"Los negociadores los elige cada parte. La Administración elige los suyos que son los legitimados", afirma el director xeral de Función Pública cuestionado, que cree que "entrar en estas peticiones es una muestra más de que no quieren negociar". Con todo, y tras recordar que "no es posible ningún tipo de mediación", Barreiro señaló que se "irá viendo en los próximos días" si hay un posible cambio, aunque insistió en que cada parte "tiene derecho" a designar a sus interlocutores y que la Xunta no puso "trabas" a los del comité.
Reproches mutuos
En todo caso, horas antes ambas partes se habían reprochado falta de voluntad negociadora. Si los sindicatos lo resumían en "cero avances", la Xunta se refirió a las reuniones como "simulacro de negociación" y a la postura sindical de "inamovible". Desde el Gobierno gallego lamentaron que los sindicatos, "por tercera vez" y en lo que ven una "grave irresponsabilidad", rompan las negociaciones cuando la Xunta "mantuvo y mantiene su voluntad negociadora". Desde la Xunta inciden en que no hay "ninguna posibilidad de que se modifique la oferta económica", un punto de las reclamaciones en el que el comité, afirman, sigue "enrocado". El comité, sin embargo, apunta que "ahora mismo no está cerrado ninguno de los temas".
Mientras el conflicto se recrudece y se acumulan miles de trámites suspendidos -el director xeral de Xustiza, Juan José Martín advertía de que "los primeros perjudicados" son los ciudadanos-, la Fiscalía Superior de Galicia urgía "una pronta solución" al conflicto.
También el BNG apoyó las demandas de los trabajadores, cuyo seguimiento del paro fue del 90% según los sindicatos (en Vigo y Pontevedra; del 80% de A Coruña y Ferrol) y en el 40% según la Xunta. Su diputado Luís Bará denunció la "prepotencia y cerrazón" de la Administración, que "persiste en mantener la discriminación laboral, salarial y de derechos de este colectivo". Bará responsabilizó al director xeral de Función Pública de "cerrar puertas" y por ello apeló a la intervención del Consello Galego de Relacións Laborais. También Villares defendió que "no debe estar al frente de la negociación alguien que ofrece emigrar a los trabajadores que luchan por los derechos de una justicia gallega mejor" y pidió su cese.
El día de hoy el seguimiento en Pontevedra y Vigo repite porcentaje, según los sindicatos, mientras que en Santiago sería del 84%, en Ourense del 86%, en Ferrol y A Coruña del 80% y en Lugo del 83%. En otras localidades la media sigue siendo superior, señalan, al 90%.
