La devolución de la parte del salario que se recortó durante la crisis reduciendo la discriminación respecto a funcionarios del sector en otras autonomías, la creación de las plazas ocupadas con empleados públicos de refuerzo, la igualdad de sueldo para las sustituciones con el personal fijo y la equiparación de las bajas médicas por incapacidad temporal con el resto del personal judicial sin aplicar descuentos salariales. Son las cinco reivindicaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia que llevan en huelga indefinida desde hace diez días, un paro que ha provocado la suspensión de más de 2.000 juicios y de 13.000 trámites.
La Xunta ha convocado para el lunes al comité de huelga a una nueva reunión, pero el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ya aclaró que él no asistirá al encuentro, como reclaman los sindicatos, porque irán los directores xerais de Xustiza y Función Pública, "los negociadores que, desde el principio, tienen toda la capacidad de llegar a un consenso". Pero sobre todo, avanzó que el lunes no se hará una nueva oferta económica.
Las dos partes llegan a esta nueva reunión con posturas "muy distanciadas" porque el Gobierno gallego insiste en que no elevará su propuesta -816 euros al año para el personal de auxilio y 1.080 para los gestores-, que el comité de huelga ve "ridícula". Y para el Ejecutivo autonómico es "inasumible" la contraoferta de las organizaciones sindicales, que proponen: una subida de 225 euros al mes en el complemento autonómico transitorio, lo que supone 2.700 euros al año.
Rueda matizó que aunque no se moverá esa última oferta "si no es una huelga de contenido económico y si no solo importa esta parte y hay otros puntos -aclaró- se puede seguir negociando para llegar a un acuerdo". Desde el comité de huelga señalan, sin embargo, que durante toda la negociación los cinco temas de la reivindicación "se tratan en conjunto", por lo que la solución "también tiene que ser conjunta e incluir todas las reclamaciones". "Con que en un solo punto no se llegue a consenso, sea el aspecto económico o cualquier otro, seguirá la huelga", explican los sindicatos.
En cuanto a las retribuciones, la parte sindical reclama a la Xunta que devuelva a los trabajadores la posición que tenían antes de la recesión, lo que supone situarse en el mismo tramo que Asturias o Andalucía si se tiene en cuenta solo el complemento autonómico transitorio que perciben las doce comunidades con las competencias transferidas. En este caso, Galicia se sitúa en el último puesto con 435 euros para las tres categorías (gestores, tramitadores y auxilios).
Con la última propuesta del Gobierno gallego, el personal de auxilio seguiría cobrando un 5,3% menos que los funcionarios que realizan el mismo trabajo en Asturias. En cuanto a los gestores, la cifra aún estaría entre un 6% y un 9% por debajo de la autonomía asturiana. En este sentido, la Xunta debería incrementar entre un 33% y un 39% su última propuesta para equiparse a Asturias, es decir, entre 100 y 120 euros al mes que supondría pasar de la horquilla de 816 a 1.080 al año a otra de 1.140 a 1.440 euros.
El paro de ayer fue seguido por un 90% de personal, según los sindicatos, y por un 40%, según la Xunta y provocó la "paralización" en los juzgados de la comunidad, con la suspensión de juicios y trámites burocráticos que provocarán retraso de hasta de "un año" por semana de huelga. La Xunta cifró en 1.084 los participantes en la huelga de una plantilla de 2.700 y sostuvo que se cumplían los servicios mínimos. En el cálculo de estos datos, el Gobierno gallego computa que 128 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares o días de libranza) y 775 cumplieron servicios mínimos.
El TSXG y las protestas
Además, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lanzó una advertencia sobre las protestas dentro de los juzgados. "Desde un pleno respeto de los derechos de huelga y libertad sindical, considera que su ejercicio es incompatible con la realización en las dependencias judiciales de actos destinados a impedir o alterar el ejercicio de la función jurisdiccional, íntimamente ligado a la observancia del derecho a la tutela judicial efectiva, que corresponde a todos los ciudadanos", expuso.
