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Facenda congela su plan para evaluar a los funcionarios y primar su productividad

Dos años y medio después de aprobada la ley que regula la evaluación no se ha implantado

Empleados públicos trabajando en un juzgado en Vigo. // Adrián Irago

Una de las medidas estrella contempladas en la Lei de Emprego Público, que entró en vigor en abril de 2015, fue la evaluación del rendimiento de los empleados públicos. Superar este examen permitiría al personal de la Administración autonómica cobrar un complemento de desempeño mientras que si lo suspenden podrían ser trasladados de forma forzosa o bien obligados a reciclarse mediante un curso de formación. Sin embargo, dos años y medio después de aprobarse la ley, el proceso de evaluación todavía no se ha implantado porque tampoco se ha desarrollado el reglamento necesario que concretará cómo se hará. La Consellería de Facenda argumenta que en este tiempo "se priorizaron otras actuaciones" contempladas en la Lei de Emprego Público pero añade que tampoco lo tiene entre sus tareas inmediatas. Ante los planes del Ministerio de Hacienda de vincular la subida salarial de los funcionarios a su productividad, la Xunta ha decidido aparcar el examen a sus empleados públicos y el plus de rendimiento y esperar a la regulación estatal.

La mejora de la eficiencia en el funcionamiento de las plantillas de las administraciones públicas es todavía una tarea pendiente. Durante los años de crisis se recortó personal y se redujeron salarios, pero ahora la evolución económica permite empezar a hablar de subir el sueldo a los funcionarios y el Ministerio de Hacienda quiere aprovechar la coyuntura para garantizar que este incremento salarial vaya acompañado de una mayor productividad. El departamento de Cristóbal Montoro prevé un aumento de un 1 por ciento en las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas, incluidas las comunidades y los concellos. El ministro ya dejó claro ayer que habrá subida salarial, aunque no se aprueben los Presupuestos del Estado. Y su gabinete estudia fórmulas para vincular una parte de este incremento retributivo a un mayor esfuerzo de su personal.

En Galicia esa medida está ya recogida en la Lei de Emprego Público que se aprobó hace dos años y medio y que, sin embargo, ha quedado en suspenso. Esta norma preveía la creación de "un complemento de desempeño para retribuir el grado de interés, iniciativa y esfuerzo con el que el personal funcionario desempeña su trabajo". Y para medir estas variables se proponía un proceso de evaluación periódico.

Éste fue uno de los puntos que más inquietud causó en su momento entre las organizaciones sindicales puesto que la ley no entró en la concreción de cómo se haría ese examen a los empleados públicos. ¿Cómo se mide el rendimiento de más de 86.000 empleados públicos de la Xunta? ¿Qué indicadores se utilizan? ¿Quién los examina? ¿Con qué periodicidad?

Ante la complejidad de un asunto que además amenazaba con levantar ampollas entre el funcionariado, Facenda decidió ya en 2016, en la recta final de la legislatura, posponer su implantación y centrarse en otros puntos contemplados en la Lei de Emprego Público. "La Xunta está desarrollando esta ley de forma progresiva, priorizando actuaciones como por ejemplo la homogeneización de las condiciones de trabajo de los empleados públicos", explican desde Facenda.

Sin embargo, en el actual mandato tampoco se han registrado avances para el diseño de la evaluación de los empleados públicos y ahora Facenda se escuda en los nuevos planes del Ministerio de Hacienda para pedir "prudencia" y aparcar el proyecto. La consellería alega que la regulación estatal "podría incluir un desarrollo de carácter básico que afectaría a todas las administraciones, incluída obviamente la Xunta".

Entretanto, el pasado año el Gobierno gallego emprendió otra tarea: medir la carga de trabajo de sus empleados públicos. Esta iniciativa, sin embargo, no tendrá implicaciones sobre el salario de su personal. Se trata más bien de detectar ineficiencias y duplicidades y, en función de eso, reorganizar los distintos servicios de la Administración autonómica. Se empezó el análisis en el área de Vicepresidencia. Pero esta actuación también acumula retrasos y en agosto pasado la Xunta se vio obligada a contratar a una empresa externa para agilizar los trabajos.

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