Hace más de un lustro Galicia era pionera en romper la barrera de la edad para acceder a la atención residencial. Los 65 años -o como mucho a partir de los 60 en contada excepciones- eran como una frontera administrativa que impedía que ciudadanos por debajo de esas edades y sin ningún tipo de discapacidad pudiesen acceder a servicios que podían precisar. En aquel momento la Consellería de Política Social puso de ejemplo que un menor de 60 años con una enfermedad degenerativa como el Alzheimer podía quedar fuera del sistema. En la actualidad no es así, hasta el punto de que prácticamente uno de cada cuatro usuarios de plazas públicas en residencias no llegaron a soplar todavía las 60 velas en su cumpleaños.
Según los datos facilitados por el departamento que dirige José Manuel Rey Varela, en el conjunto de Galicia hay un total de 7.760 plazas públicas en régimen de alojamiento para mayores y no suele haber vacantes. De esas plazas, explican desde la Xunta, un total de 2.148 -sobre todo en Pontevedra, con 659, y en A Coruña, con 704- estarían ocupadas por ciudadanos de 65 años o menos. Pero ese colectivo está conformado en su inmensa mayoría (85 por ciento) por personas que no llegan ni a los 60. En total, en las cuatro provincias cumplirían este requisito 1.814 beneficiarios de plazas residenciales financiadas con fondos públicos, es decir, el 23,4% de las vacantes.
Hay que tener en cuenta, explican desde la Administración gallega, que para que las personas menores de 65 años usen residencia tienen que encuadrarse en alguno de los colectivos específicos de dependencia, al margen de la edad. Es decir, o bien tienen alguna discapacidad (física, intelectual, parálisis...) o bien Alzheimer. Fuera de estos supuestos cabe todavía una posibilidad excepcional para acceder a estas plazas: el uso de estas residencias para casos de emergencia social, en donde la edad no importa.
Poco después de abrir las residencias a los menores de 65 años en situación de dependencia, la Xunta decidió limitar el acceso a la atención residencial a quienes, por el contrario, se las apañan solos. Así, estableció en una orden que para ingresar en un centro de mayores público o concertado hay que tener 75 años cumplidos (cuando antes eran 65) y además el interesado tiene que pasar por un proceso de reconocimiento del grado de dependencia antes.
Lista de espera
Por otro lado, siempre hay listas de espera para las residencias de mayores. Política Social alega que es complicado conocer la lista de espera exacta dado que está en constante variación fruto de las altas y bajas que se producen en el sistema. No obstante, el pasado febrero, cuando el Consello de la Xunta daba luz verde a la construcción de siete nuevas residencias para personas mayores dependientes en las grandes ciudades de Galicia -que supondrán un total de 900 plazas más-, el Ejecutivo gallego aseguraba que la construcción y entrada en servicio de estos equipamientos permitirá reducir "considerablemente" la lista de espera para entrar en centros residenciales, cuantificada entonces en 1.414 personas, de las que 1.212 residirían en las ciudades o en sus áreas de influencia.
En todo caso, desde la Consellería de Política Social apuntan que además de las 7.760 plazas públicas residenciales, la Xunta tiene reconocidas 3.779 libranzas vinculadas a un servicio de atención residencial. En esos casos, la Administración autonómica concede una ayuda económica para contribuir a sufragar el coste de una plaza de residencia que no pertenece a la red pública.
La oferta residencial para mayores se encuadra en un contexto de envejecimiento progresivo de la población. Galicia lidera el envejecimiento en el país -el año pasado el índice de envejecimiento mostraba que hay 153 mayores de 64 años por cada 100 menores de 20- y además un total de 122.000 mayores, según datos del Instituto Nacional de Estadística, viven solos. Al menos mientras pueden.
