"Verdad, justicia y reparación". Ésas siguen siendo las reivindicaciones de las víctimas del accidente ferroviario del Alvia en el que fallecieron 80 pasajeros y 144 resultaron heridos y del que ayer se cumplió el cuarto aniversario. Con una manifestación por la mañana desde la estación de tren de Santiago hasta la plaza del Obradoiro y, por la tarde, con una concentración en el puente de Angrois y un acto de homenaje, la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 insistió en las reclamaciones hechas desde julio de 2013 y que todavía hoy no han sido resueltas. Urgen la instalación de un sistema de seguridad de frenado automático ERTMS en el tramo Santiago-Ourense, que cuatro años después del siniestro "sigue sin estar operativo", y también la creación de una comisión de investigación parlamentaria y otra técnica independiente para esclarecer las causas del accidente. En este punto sí que se ha producido un cambio porque aunque en los últimos años tanto el PP como el PSOE se habían negado a su constitución, los socialistas han cambiado su postura y la semana pasada formalizaron una petición para aprobar una comisión de investigación en el Congreso.

Las víctimas volvieron a exigir que se depuren responsabilidades tanto jurídicas como políticas. Durante su recorrido por las calles de Compostela mostraron pancartas con rostros de los políticos a los que exigen respuestas de lo ocurrido en la curva de A Grandeira, entre ellos el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la exministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP) y su antecesor en Fomento, José Blanco (PSOE). "Los distintos gobiernos nos engañaron vendiendo una seguridad que no existía", destacó Víctor Taibo, uno de los integrantes de la asociación de afectados, que en la lectura del manifiesto recordó que el proyecto original de la línea Santiago-Ourense se modificó "rebajando la seguridad" y "sin que se hiciesen los controles necesarios", ni siquiera cuando se alertó de la "inseguridad del tramo".

Durante el último año se han dado varios giros en el proceso judicial. La Audiencia de A Coruña ordenó la reapertura del caso Alvia en mayo del año pasado -después de su archivo en octubre en 2015 con el maquinista como único investigado- porque se necesitaban nuevas pruebas para determinar si la evaluación de riesgos de la línea era necesaria. Y a finales de junio se amplió la imputación al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 lesiones por imprudencia grave. Este cuarto año, será, por tanto, el primero con un mando de Adif investigado. El exalto cargo está citado a declarar ante el juez Andrés Lago Louro este jueves. Para esta jornada también están llamados los peritos, que deberán explicar si era obligatorio el análisis de riesgo de la línea ferroviaria que contemplase el peligro en la curva de A Grandeira.