De ser la cuarta comunidad que más ingresaba en las arcas autonómicas por herencias, Galicia se ha convertido en un territorio donde abrir un testamento ya no supone un quebradero de cabeza para los familiares del difunto. Y es que tras la reforma fiscal de la Xunta, en vigor desde enero del año pasado, el 99% de los contribuyentes están exentos del impuesto de sucesiones: solo hay que rendir cuentas por legados que superan los 400.000 euros por heredero y, en este caso, únicamente por el valor que queda por encima de esa cantidad.
El desembolso que había que asumir antes de la reforma del Ejecutivo gallego era tan abultado que muchos contribuyentes renunciaban a los bienes heredados porque no podían hacer frente al pago del impuesto de sucesiones. Cada gallego que abría un testamento pagaba de media antes de las bonificaciones fiscales unos 6.200 euros. En la actualidad, la factura fiscal es cero.
Los años 2012 y 2014 fueron dos ejercicios excepcionales para las arcas autonómicas en los ingresos por sucesiones. Esos dos años superaron la barrera de los 200 millones. ¿La razón? Los dos planes especiales de control tributario puestos en marcha por la Consellería de Facenda.
A las arcas autonómicas fueron a parar el año pasado 149 millones por el impuesto de sucesiones, cuando en 2015 los ingresos habían superado los 181 millones. La caída en solo un ejercicio superó el 17%, un balance que rompe la tendencia al alza registrada en los últimos años, con la excepción de 2014-2015, que pasó del récord de recaudación en la comunidad, con más de 251 millones, a 181.
Pero las bonificaciones fiscales podrían tener los meses contados. El comité de expertos que trabaja en la reforma del modelo de financiación autonómica propone la armonización del impuesto de sucesiones y que todos los herederos paguen. La propuesta que remitirán a Hacienda recoge la aplicación de un mínimo común de tributación en todas las comunidades para así evitar la actual brecha fiscal entre las distintas autonomías.
