Xunta y patronal mantienen su desacuerdo por el plan de transporte. Mientras que para la primera es "la solución", como argumentó ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, para Anetra, Fegabús y Transgacar, que interpusieron un recurso contra el procedimiento administrativo y el plan de transporte, traerá "inestabilidad".

Estas federaciones presentaron un informe jurídico que avala que aplazar el plan un año es "una opción completamente legal", mientras la Xunta afirma que el nuevo plan es la única vía legal posible de la Administración gallega para que decenas de líneas de autobús no se queden sin servicio en agosto.

Las federaciones inciden en que un informe "avala la licitud de la oferta de las empresas de mantener todos los servicios después de esa fecha y darle tiempo así a la Administración para replantear la iniciativa". Aún "esperan una rectificación" que evite la entrada en vigor de un proyecto que, dicen, "traerá la pérdida de muchos puestos de trabajo, el cierre de empresas y la inestabilidad de un sector que aguantó con cierta solvencia los años más duros de la crisis".

La conselleira defendió de nuevo la propuesta de la Xunta y alegó que "sin este plan media Galicia se quedaría sin transporte". Añadió que el Ejecutivo recibió ya ofertas y la semana que viene prevé la adjudicación.

Problemas con escolares

Mientras, el BNG advertía ayer del riesgo de que escolares lleguen hasta el final de las rutas de los buses para "evitar retrasos" en el viaje, lo que su diputado Luís Bará vinculó al nuevo plan de transporte, que causará, afirma, perjuicios" a los niños, al integrar transporte regular y escolar en algunas zonas. Aludió a una instrucción de Educación remitida el 2 de junio a centros y empresas que dice que para no alargar los itinerarios el bus no esperará en las paradas más de 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, el bus llevará a los escolares no recogidos por sus padres "hasta el final" del trayecto y se quedarán en la sede de la empresa hasta la llegada de sus padres. De no ser así, personal de la empresa los conducirá a las dependencias de la policía local o de la guardia civil, explicó Bará, lo que en su opinión puede provocar "muchos conflictos".