La primera ley de rehabilitación de Galicia llegará al Parlamento en el mes de septiembre para abrir nuevas opciones a la administración, permitiendo, por ejemplo, que la Xunta expropie edificios abandonados que bloqueen la restauración de cascos históricos para intervenir en ellos de forma directa. El presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer la propuesta legal para convertir el patrimonio arquitectónico en "un elemento de dinamización económica".
El dirigente expuso los plazos de un texto que en anteriores ocasiones calificó de "complejo" y que ya anunció en diciembre del año pasado durante la inauguración del Centro Estatal de Formación de Referencia en Rehabilitación de la Fundación Laboral de la Construcción en Santiago. Allí defendió la necesidad de establecer un marco legal que elimine trabas legales y administrativas y facilite la rehabilitación y conservación del patrimonio.
La rehabilitación, añadió Feijóo, constituye un pilar clave en "el futuro económico del sector de la construcción". Por su parte, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Juan Lazcano, incidió en la necesidad de potenciar esta actividad de forma sustentable y lejos de la especulación. "No habrá una verdadera recuperación económica sin una firme recuperación del sector de la construcción", expuso, según Europa Press.
Por otra parte, todos los ayuntamientos gallegos, salvo las siete ciudades, podrán optar a partir de hoy a préstamos de la Xunta para la rehabilitación de viviendas y para rematar por vía forzosa las casas que se encuentren inacabadas, pasándole luego la factura a los propietarios. El Ejecutivo autonómico activó ayer una partida de 10 millones de euros para conceder préstamos sin intereses a los municipios, fondo financiado con las fianzas de los dueños de pisos alquilados depositadas en el Instituto Galego de Vivenda e Solo.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica ayer la resolución que abre el procedimiento para solicitar esos préstamos, que deberán devolverse, como máximo, en ocho años. El plazo finaliza el 31 de octubre.
Fianzas de alquileres
La ley establece que la Xunta solo puede utilizar un máximo del 70% de ese fondo de fianzas -el año pasado se situó en 102 millones- porcentaje que no se ha alcanzado, según el Ejecutivo. La concesión de esas ayudas fue anunciada en mayo del año pasado.
