El Ministerio de Hacienda ya tiene sobre la mesa las propuestas de reforma de los ayuntamientos sobre el impuesto de plusvalía municipal, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional para las operaciones en suelo urbano (venta de inmuebles, herencias, donaciones o permutas) cuando no se genere beneficio alguno. Una de las medidas planteadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para amortiguar la caída de ingresos que conlleva la sentencia del Alto Tribunal pasa por extender a las transacciones en suelo rústico la aplicación del gravamen. Es decir, aplicarlo también a las ventas o herencias de fincas, prados, explotaciones, construcciones de uso agrícola y otros inmuebles de naturaleza semejante, ya que en la actualidad tan solo afecta a los bienes de naturaleza urbana, tal y como pone de manifiesto el nombre del tributo: Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Los alcaldes proponen que el tributo se calcule aplicando un gravamen con la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición. De esta manera, también se ampliaría el incremento del valor al valor de la construcción, y no solo del suelo, como hasta ahora.
Las administraciones locales también buscan compensar la pérdida de ingresos que generará a las arcas municipales la reforma del impuesto con el cobro con operaciones con plusvalías generadas en periodos inferiores a un año, ahora exentas ya que tan solo se tiene en cuenta años enteros.
Con el objetivo de evitar las dobles imposiciones, ya que en las ganancias que puede generar la venta de un piso también tributan en el IRPF, el órgano de poder local, presidido por Abel Caballero, plantea que la cuota del impuesto de plusvalía sea deducible en los tributos estatales.
La FEMP urge a Montoro que actúe este mismo mes de junio ante el "vacío legal" tras la sentencia del Constitucional. En un fallo del pasado mes de mayo, el Alto Tribunal sentenció que es contrario a los principios constitucionales que, por el procedimiento utilizado para calcular la base imponible, se obligue a tributar incluso a quienes vende un inmueble (solar, vivienda, nave?) con pérdidas, una situación frecuente desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Ni el Gobierno central ni la FEMP tienen cifras sobre el alcance de las devoluciones a contribuyentes que desde 2013 abonaron el impuesto pese a realizar una venta a pérdidas. Pero la sociedad de tasación Tinsa y un portal especializado en reclamaciones - reclamador.es- han realizado una estimación sobre el número de propietarios afectados y el importe de los fondos que tendrán que ser abonados. Según Tinsa, unos 18.300 contribuyentes gallegos podrán solicitar la devolución del impuesto por haber operaciones sin plusvalías: 8.100 en la provincia de A Coruña, 5.600 en Pontevedra, 2.600 en Lugo y 2.000 en Ourense. Y la cantidad a devolver en Galicia, según cálculos del portal de reclamaciones, supera los 82 millones.
Impuesto de plusvalía: recaudación en Galicia
Impuesto de plusvalía: recaudación en GaliciaLos datos hablan por sí solos. Pese a caer las ventas de pisos durante la crisis y desplomarse los precios, año tras año ha ido en aumento la recaudación municipal de este impuesto. Los 115 concellos que cobran este gravamen en Galicia -se trata de un impuesto de carácter voluntario que los ayuntamientos deciden si lo aplican o no- batieron récord de recaudación el año pasado, con más de 41 millones de euros en 2015 (último ejercicio del que Hacienda tiene datos disponibles).
En Galicia, los alcaldes se plantean paralizar el cobro del impuesto mientras Madrid no reforme la Ley de Haciendas Locales e incluso reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.
Una de las propuestas de la FEMP se limita a una reforma parcial del impuesto de plusvalía municipal. El punto de partida para calcular la plusvalía seguiría siendo el valor catastral, pero para fijar la base imponible ya no se utilizarían los porcentajes actuales sino un "coeficiente de variación del mercado inmobiliario del suelo", elaborado a partir de un "organismo oficial" -en referencia al Catastro-. Este coeficiente sería renovado cada año. No alude sin embargo a las ventas con minusvalías debido a dificultades económicas del propietario.
La segunda de las propuesta de los ayuntamientos pasa por una reforma total del impuesto de plusvalía. Ya no se tiene en cuenta el valor catastral, sino que la base imponible se calcularía simplemente como la diferencia entre "el valor de transmisión" (precio de venta) y el "valor de adquisición" (precio de compara). Ahora bien, con este modelo la base imponible no sería solo el valor del suelo, sino también el de la construcción. En este sistema planteado por la FEMP no solo se gravarían las transmisiones en suelo urbano, sino también las de naturaleza rústica -ahora exentas-.
